Un ejercico de empatía: el matrimonio homosexual

Quieres mucho a alguien, pero no puedes darle alguna muestra del cariño más allá de lugares cerrados y oscuros. Renuncias a toda muestra de amor pública a pesar de que a otras parejas no se les juzga por ello. La sociedad no sólo te obliga a ocultar ese amor sino que te dicta a quién tienes que querer. Lamentas que en pleno siglo XXI todavía se discrimine a las personas por su sexo, ideología o cultura. Por desgracia, terminas aceptando esta realidad a regañadientes porque antepones lo que sientes a cualquier adversidades que se te cruza.

Pedro Zerolo: activista socialista, republicano, laico, feminista...

Pero, ¿cuánto tiempo aguantarías escondiéndote como un rufián? ¿Un año? ¿Dos quizás? ¿Hasta dónde llegaría tu paciencia ¿Quizás una vida?

Durante mucho tiempo, la homosexualidad ha estado prohibida y estigmatizada. Y sigue siéndolo en muchos lugares del mundo. Muchos han sido víctimas de las humillaciones y de la intolerancia de sus vecinos, familiares y la sociedad. Como el francés Édouard Louis. Durante los años del colegio, sufrió los golpes e insultos de sus compañeros. En el 2013, con 19 años, decidió contar su historia en el libro Para acabar con Eddy Bellegueule. Este superventas ha revivido la historia de una infancia, que ha dejado a Francia, país en firmar el primer tratado de derechos humamnos, con las vergüenzas al aire.

A pesar del tumultuoso camino que han tenido que pasar muchas parejas homosexuales, ya son varios los países que han aprobado el matrimonio entre las parejas del mismo sexo a fin de normalizar este tipo de uniones. Es el caso de España, el cuarto país en hacerlo. Hoy es uno de las naciones más tolerantes hacia la homosexualidad: en torno al 60% de la sociedad lo aprueba. Unos avances que no se pueden entender sin la figura de Pedro Zerelo, fallecido recientemente.

Este activista no se conformó con gritar y pedir libertad. Quería y exigía mucho más que eso: igualdad de derechos para los homosexuales. Y lo hizo desde las instituciones, desde los juzgados... El propio José Luis Rodríguez Zapatero reconocía que sin la tenacidad de Pedro Zerelo la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo no habría salido adelante. Todo un ejemplo de lucha constante en favor de las minorías discriminadas, como ya lo hicieran Martin Luther King, Nelson Mandela y otros y otras activistas que luchan a diario contra el paradigma dominante. Una lucha que básicamente se resume blancos, negros, homosexuales, heterosexuales, pobres, inmigrantes seamos tratados con respeto y dignidad. Y al fin y al cabo, como personas. Su figura recuerda una constante que se ha repetido a lo largo de la historia: que los derechos se luchan y se conquistan. Que en paz descanses, Pedro.

Homenaje a una heroína: Chelsea Manning

El 17 de diciembre, Chelsea Manning, ante Bradley, cumplió 27 años. Seguramente no hubo tarta de cumpleaños ni abrazos familiares. La exmilitar está cumpliendo condena de 35 años después de que un tribunal militar estadounidense ordenase su entrada en prisión. ¿Su delito?

Mural en apoyo a Chelsea Manning. (Wikipedia)

Cuando tenía 22 años, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Después de revelar al mundo su homosexualidad, de ser echada de casa y sin tener muy claro lo que debía hacer con su vida, decidió seguir los pasos de su padre e ingresó en el ejercito para demostrarse a sí misma de lo que valía. En 2008, viajó con el Equipo de Combate de la Segunda Brigada que había sido destinado en Irak. A diferencia de otros militares, a ella no la elijieron por su condición física: media 1.60 y pesaba 50 kilos, sino por su talento con los ordenadores. Estaba destinada como analista de contrainteligencia.

Desde su puesto de soldado raso, se hizo con dos ordenadores con los cuales tuvo acceso a una cantidad ingente de información confidencial. Uno de ellos estaba conectado a la red Secret Internet Protocol Router Network, que utilizaba el Departamento de Defensa y el Estado para compartir información de forma segura. Con el segundo ordenador tuvo acceso a la Joint Wordlwide Intelligence Communications System, que actuaba como embudo local para los informes de máxima confidencialidad del gobierno estadounidense. Sin ningún control de un superior sobre su actividad, Manning estaba alarmado por la cantidad de información sobre operaciones ilegales, asesinatos de civiles a la que había accesido. A través de memorias externas, extrajo información mientras escuchaba a Lady Gaga para pasar desapercibida.

 "Si tuvieras las manos libres sobre redes secretas durante largos periodos de tiempo, pongamos ochonueves meses, y vieras cosas increíbles, cosas horribles, cosas que debieran ser de dominio público en vez de estar almacenado en un servidor en una oscura habitación de Washington, DC,  ¿qué harías?". 

Antes de que Manning fuera detenida, su situación personal y psicológica no era nada alentadora. Su pareja la había dejado y había sufrido tres ataques de nervios debido a que Wikileaks estaba publicando la información que la soldado le había proporcionado a Julian Assange. Creía que en cualquier momento se revelaría su identidad. Además, en la base iraquí en pleno desierto la temperatura superaba los 40 grados. Una situación que la llevó a pensar en el suicidio, tal y como dio a entender a través de un mensaje que escribió en su muro de Facebook. 

Por aquel entonces: Manning empezó a chaterar con el hacker estadounidense Adrian Lamo, conocido como el 'Bobby Fischer' del hacking y que había sido condenado a seis meses de arresto domiciliario, dos años de libertad condicional y 65.000 dólares de multa por piratear los ordenadores de The New York Times, Microsoft. A él le confesó que era la responsable de la filtración de información secreta a Wikileaks, que revelaba el papel de Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán, unos 500.000 registros, y unos 250.000 cables diplomáticos de la política exterior estadounidense.



Pero Chelsea no calculó las consecuencias de desahogarse con un desconocido y desvelarle su identidad. En palabras de Chelsea a Lamo, "la información sobre la politica exterior secreta le iba a causar a Hillary Clinton y a varios miles de diplómáticos de todo el mundo un infarto cuando se levanten un día y se encuentren con información está en un formato de búsqueda". Con las pruebas suficientes, Lamo, de padre colombiano, acudió a las autoridades federales que ordenarían el arresto de Manning en mayo de 2010, cuando llevaba tres meses proporcionando información a Assange. Durante un tiempo, estuvo bajo protección policial debido a las amenazas de muerte que había recibido. Para muchos era un traidor. Pero él se defendió de estas acusaciones alegando que actúo como un patriota. "No lo habria hecho si no hubiera vidas en peligro. Se encontraba en una zona de guerra y básicamente estaba tratando de hacerse con toda la informaciñon confidencial a su alcance, simplemente lanzándola al aire".

Los autores de Wikileaks y Assange: un relato trepidante sobre cómo se fraguó la  mayor filtración de la historia,  del que he sacado algunos datos para este artículo, recogen el testomonio del informático David House, uno de los pocos que puede visitarlo en prisión y fundador de la web de apoyo que lleva el nombre de Manning , que destaca de Chelsea su integridad moral. Apunta que uno de los derechos inviolables para Manning es el valor de la información libre en cualquier sociedad democrática. "La información ha de ser libre. Pertecece a dominio público. Quiero que la gente sepa la verdad sin tener en cuenta quiénes son [...] Porque sin información, no puedes tomar decisiones fundamentales como ciudadano". Razón que la llevó a enviar cientos y cientos de cables al fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Para Jorge Lozano, catedrático de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid,  Assange aparece como un Prometeo, que era aquel dios que robó el fuego a los dioses; o un Robin Hood, que roba un botín y lo ofrece a los pobres. Una reflexión extensible a todos los 'whistleblowers'. De la misma manera que Zeus condenó primero a Prometeo a que cada noche una águila se comiera su higado y después a arrastrar una piedra a la que estaba encadenado, Estados Unidos ha aplicado la máxima condena a quienes se han atrevido a robar el fuego de los dioses que Prometeo usó para calentar a su pueblo que durante las noches pasaba frío.

Manning está cumpliendo condena de 35 años, que pudo ser peor si los tribunales la hubieran encontrado culpable por proporcionar ayuda al enemigo, que supondría 90 años de prisión. Su intención no era ayudar al enemigo. Ella misma se ha declarado una gran patriota. Lo hizo por la misma razón que la empujó desvelar los secretos: garantizar a la sociedad el derecho a la información.

John Kiriakou, que denunció las torturas que la CIA ha usado después de los atentados del 11-S, ha sido el único condenado hasta el momento. Julian Assange, sobre el que algunos congresistas estadounidenses llegaron a decir públicamente que deberia ser ejecutado, lleva casi dos años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres por miedo a que la policía británica lo capture y lo extradite a Estados Unidos. O el caso del exanalista de la NSA Edward Snowden, que tuvo que escapar de Estados Unidos por miedo a que ser condenado a cadena perpetua. Rusia le concedió asilo con la condición de que no hiciera mucho ruido. Más cerca, aquí en España, tenemos el caso del 'whistleblower' francoitaliano Hervé Falciani, que entregó a la justicia el nombre de más de 130.000 evasores fiscales que extrajo cuando trabajaba para el banco suizo HSBC. 

A pesar de la información que Wikileaks o los analistas de la CIA han publicado, no se ha debatido públicamente sobre el papel de Estados Unidos en la guerra de Irak y Afganistán, que era el objetivo principal que Chelsea perseguía cuando filtró los cables. Todo lo contrario: el informadores cumplen condena o están escondidos por revelación de secreto. Su delito ha sido poner luz donde antes había oscuridad.  


El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para conmemorarlo, Amnistía Internacional lanzó una campaña de recogida de fondos para financiar la campaña contra las torturas bajo el lema "La indiferencia es su mayor tortura".

Una campaña que se ilustró con las torturas que Chelsea Elisabeh Manning sufrió durante casi un año antes de ser condenada y que la ONU ha calificado de crueles e inhumanas, como de estar 23 horas al día encerrada en una celda pequeña sin ventanas. También recogió la historia de Moses Akatugba, al que dispararon en la mano cuando tenía 16 años y que fue colgado durante horas antes de arrancarle las uñas de manos y pies con alicates. Y la de Erkin Musaev, detenido, torturado y condenado en 2006 a 20 años de cárcel en tres juicios injustos, según Amnistía. Erkin firmó una confesión falsa en la que reconocía los cargos de “traición y abuso de poder” en Uzbekistán cuando la policía lo amenazó con atacar a su familia.

Indiferencia de los medios españoles

Como decia al principio del texto, el pasado 17 de diciembre Chelsea Mannning cumplió 27 años. Me enteré porque aquel día The Guardian llevaba en la 'home' un gran texto sobre el cumpleaños de Chelsea Manning, una heroína que estaba encarcelada. La noticia, que fue compartida unas cuentas de miles de veces, incluía las tarjetas de felicitación de cumpleaños, entre otros, de Snowden, del viñetista de The New York Times Joe Saco. o la del vocalista del grupo REM, Michael Stipe, que se refería a Chelsea como una gran patriota.

¿Y que había hecho la prensa española? Indiferencia es la palabra que mejor define la actitud de los medios españoles hacia Chelsea Manning. Ningún gran medio español se hizo eco del que, sin ser periodista, ha hecho mucho más por el periodismo que muchos de los que tienen el carnet de periodista y también por la sociedad en general y que desgraciadamente ha terminado siendo un martir.

Especialmente, me decepcionó la postura del eldiario.es, medio del que soy socio y que no llevaba nada acerca de Manning. Esta cabecera está apostando por la participación ciudadana mediante las plataformas de denuncias ciudadanas sobre corrupción, como Fíltrala.org, un canal a través del cual personas anónimas pueden enviar documentos conservando en todo momento su anonimato. También ha colaborado con el Buzón X del Partido X, que jugó un papel destacado en la publicación de las tarjetas black de los consejeros de Caja Madrid-Bakia.

Más decepcionante todavía, El País. Junto a Le Monde, The New York Times, The Guardian y Der Spiegel. fue uno de los diarios seleccionados por Assange para difundir las filtraciones por su posición estratégica de cara al mercado latinoamericano, donde Prisa tiene una presencia importante. Una de la prioridades del australiano era que la publicación de los cables llegara lo más lejos y que tuviera el mayor impacto posible, que sólo sería factible si todos los medios trabajaban de manera conjunta. Pero su deseo chocaba con la "exclusiva periodística" que le llevó al fundador de Wikileaks a tener algunos encontronazos con la Chanel 4 de Inglaterra puesto que la cadena árabe Al Jazziera también quería una parte del pastel cuando Assange les había prometido la exclusiva. En su web no llevaban nada acerca del cumpleaños de Manning. Pero poco se podía esperarse.

Assange filtró a El País información gratis a cambio de que la publicara. El medio, por el contrario, la privatizó en el momento que aplicó licencia copyright al contenido y la puso a la venta. Una actitud contraria a los valores de la información libre y concebida como un derecho humano de la ética hacker presente en la personalidad de Chelsea Manning. El medio, que se lucró con la venta de diarios, que se aseguró la presencia en el medio de comunicación por antonomasia, no hizo nada por ayudar a Wikileaks cuando tuvo dejar de filtar información debido al bloqueo financiero que Estados Unidos había impuesto y al que las grandes empresas como VISA, PayPal, MasterCard, entre otras, sucumbieron. Así informó El País sobre la paralización de las filtraciones:

Hoy Manning está en prisión. Ni ella ni otros 'whistleblowers' serán referentes ni serán recordados para el gran público ni para algunos medios de comunicación (desde estas líneas al menos no será asi). Pero su compromiso, su valentía y su heroísmo, entendido como aquel que arriesga su integridad física por el bien de los demás, para lograr una sociedad mejor, informada y libre, siempre estará presente en muchas otras conciencias. Más tarde que temprano se les reconocerá su contribución por dar a conocer la vigilancia masiva de los gobiernos sobre los ciudadanos y la colaboración estrecha con las grandes tecnológicas o la violación de los derechos humanos como ya lo hiciera Daniel Ellsberg en los años 70 con los Pentagon Pappers. Porque por mucho que la historia la escriban los vencedores, la historia siempre estará del lado de los buenos.

Esclavos para la construcción del Mundial de Qatar de 2022

Qatar, un país sin consciencia [...]. Los trabajadores inmigrantes son forzados a trabajar durante largas jornadas laborales bajo el sol implacable de arabia seis días a la semana. Se les niega la libertad. Las condiciones en las que viven son propias de un apartheid”. Así comienza el informe de Confederación Sindical Internacional, ITUC, que aglutina y representa a más de 160 millones de trabajadores. En el informe presentado en marzo, la organización sindical cargaba duramente contra el gobierno de Qatar por las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros, que ya han producido más de 1.200 muertes y que podrían ser hasta 4.000 cuando arranque la Copa del Mundo de 2022.

Los trabajadores extranjeros son propiedad de un sistema que permite y tolera los abusos de los empresarios hacia los trabajadores. Los empresarios que han patrocinado las visas tienen el poder de contratación, el control total de los salarios y las condiciones de empleo, la autoridad para emitir tarjetas de identificación (no tener una tarjeta de identificación puede conducir a la cárcel) o la capacidad denegarles un cambio de trabajo o abandono del país. Esto se conoce como la kafala. Bajo este sistema, los trabajadores a menudo no denuncian los abusos por temor a represalias, lo que contribuye aún más a su situación en trabajo forzado.

La mano de obra extranjera es un músculo importante en la economía de la monarquía qatarí, la cual mantiene una estrecha y excelente relación con Juan Carlos I, según el embajador en España. De los 1,95 millones de habitantes del país, 1,38 son extranjeros, de los cuales un 94% son del sur y del sudoeste asiático. La mayoría de los hombres y de las mujeres trabajan en la construcción y en el servicio doméstico. Amnistía Internacional sentencia que para la próxima década Qatar necesitará más de millón de trabajadores.

La monarquía está inmersa en una serie de proyectos que tienen como objetivo modernizar su infraestructura. Algunos de los proyectos van desde el sistema ferroviario que necesitará 25.000 millones de USD; 20.000 para mejorar y extender la red de autopistas del Estado; 7.000 millones de USD para el nuevo Puerto de Doha; hasta los 3.000 millones para el punto que unirá Qatar con Bahrain. De construirse, se tratará del puente marino más largo del mundocon una longitud 40 km. La inversión prevista para el Mundial rondará los 100.000 millones de USD, incluyendo el desembolso para construir 9 estadios que acogerán la competición. Cantidad que hay que añadir los costes que tendría la construcción de las otras 60.000 habitaciones de hotel que Qatar necesita para cumplir con los requerimientos de la FIFA. 

Qatar es una pequeña península del Golfo pérsico. Los vastos recursos naturales de esta monarquía absoluta han influido en que empiece a ganar peso dentro de los países árabes. Posee unos 25.000 millones de metros cúbicos de gas natural, sólo por detrás de Rusia e Irán. Miembro de la OPEP, tiene unas reservas de 2.538 millones de barriles de petróleo. Las cifras del Banco Mundial revelan que durante el 2012 la economía creció un 6.2%, pero un 7% menos que frente al 2011. En 2003, el Producto Interior Bruto fue de 23.533 millones de dólares, mientras que al final del año 2012 se ubicaba en los 192.390 millones de dólares.

Estos índices macroeconómicos han logrado un alto desarrollo en la vida de los qataríes. La esperanza de vida al nacer se ubica en los 78.5 años. La totalidad de la población tiene acceso al agua. Por cada 1000 nacimientos se producen 7 muertes. Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita, es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un país durante un período determinado divido el número de habitantes, es de 74.600 dólares americanos.

Pero esta expansión económica no ha afectado a todas las capas sociales por igual. Los trabadores, procedentes de la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Filipinas viven en situaciones de hacinamiento: hasta 12 trabajadores en una misma habitación con un aseo y zona de lavado y una cocina. Algunos salarios por 60 horas semanales de trabajo apenas llegan a los 300 euros. Mediante la kafala muchos de los trabajadores son esclavos de sus empresarios que han pagado sus en una visas. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que cambie el sistema. La FIFA por su parte ha advertido tímidamente sobre la posibilidad de cambiar la sede para el Mundial. Mientras tanto, los trabajadores seguirán siendo amos de sus esclavos.

Vídeo de las condiciones de trabajo de los inmigrantes en Qatar de International Trade Union Confederation 

"En España si protestas, pagas" Human Right Watch

En los últimos años las protestas por la crisis económica han aumentado considerablemente. Escraches a los políticos, plazas abarrotadas de gente, manifestaciones multitudinarias, ocupación de bancos, desahucios parados, etc. Diversos actos de protesta social por la situación económica y que han sido un revulsivo para un empoderamiento popular que al gobierno le molesta. Según la organización internacional no gubernamental Human Right Watch, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo frenar todo este tipo de expresiones sociales.

La organización argumenta que "España no debería crear un mal ejemplo limitando estas libertades fundamentales". La autora del texto, Judith Sunderland, explica que el gobierno de Mariano Rajoy quiere imponer multas de hasta 30.000 € por convocar manifestaciones frente a los parlamentos nacionales o autonómicos, por insultar a las instituciones, símbolos, o himnos de España. Y que las multas pueden llegar hasta los 600.000 €.

A pesar de las intenciones del gobierno de limitar los derechos y libertades fundamentales, "afortunadamente los tribunales han respaldado el derecho a reunirse pacíficamente" afirma la autora. Y cita dos ejemplos de esas garantías. "Un tribunal de Madrid desestimó una denuncia contra 18 personas por amenazas y acoso en un escrache frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría, aduciendo que no había habido amenaza al orden público o infracción contra su derecho a la privacidad. En julio, otro tribunal dictó sentencia argumentando que multar a una persona que participe en una manifestación espontánea y no violenta, violaba el derecho de reunión pacífica".

A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos establece que las manifestaciones públicas, las protestas pacíficas no autorizadas, molestas u ofensivas pueden ser perfectamente legítimas, el gobierno se ha ido saltando los derechos de reunión y manifestación. En un escrache realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra ante la sede del PP, se impusieron multas a cinco personas que participaron en el acto y que ascendieron hasta los 3.000 €. Los afectados por las preferentes no sólo han perdido su dinero. En torno a 15.000 € es la cantidad que acumulan los afectados en multas por las protestas.

En septiembre de 2013 se conocía que el Gobierno había recaudado 184.000 € por multas, sin contar con lo ingresado en Madrid, Castilla y León y Extremadura puesto que no aportaron datos. No obstante, el diario Público contaba que sólo en el primer aniversario del 15M, la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamaba multas a manifestantes que ascendían a 133.000 €, cantidades que superan a las impuestas a los causantes de la crisis. A pesar de las sanciones, la organización expresa que el Tribunal Constitucional español ha precisado "que puede tolerarse un cierto grado de disturbios porque en una sociedad democrática, el espacio público es un área no sólo de circulación, sino también de participación".

HRW hace un petición al gobierno: que garantice los derechos de los ciudadanos a expresar su desacuerdo sin tener que preocuparse por el dinero.

Violencia de género en Colombia: un problema de salud pública

La violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública en Colombia, según los informes de Naciones Unidas. En el primer semestre del año pasado, más de 500 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y unas 15.000 sufrieron algún tipo de maltrato. El desconocimiento de los mecanismos judiciales  y miedo de las víctimas a tener que empezar una nueva vida y el desconocimiento de los funcionarios de justicia a la hora de aplicar la ley provocan que 9 de cada 10 casos de agresiones queden impunes.

Rosa Elvira Cely, madre de una niña de 12 años, fue víctima de una brutal agresión que conmovió Colombia. Fue agredida física y sexualmente la noche del 24 de mayo de 2012 por dos compañeros de clase. Los facultativos lograron llegar hasta ella después de que la propia Cely diera la voz de alarma al servicio de emergencias de Bogotá. Comentaron después que nunca antes habían visto nada como aquello. Rosa Elvira estaba tirada en el suelo, rodeada en un charco de sangre, desnuda de cintura para abajo y con cortes en las manos.  Fue intervenida de urgencia debido a la gravedad de su estado. Tenía el útero y la pelvis rotos. Sus agresores le introdujeron un palo por el ano. Los médicos se encontraron dentro del cuerpo  hojas y astillas. Después de permanecer varios días ingresada, falleció a causa de una hemorragia interna y de un traumatismo craneoencefálico debido a los golpes.

Los agresores continuaron con su vida normal. Pensaron que Rosa Elvira había muerto en aquel parque de la capital. Mientras estaban en clase, una profesora comentó al resto de los compañeros el estado de Rosa Elvira. Despavoridos, intentaron huir, pero la policía ya los tenia identificados. A pesar de que uno de los agresores fue condenado a 48 años de cárcel, la familia desconfía de un sistema judicial que no es eficiente ni contundente. Un sistema que no dispone de mecanismos de prevención, según la hermana de la fallecida Adriana Cely.

La agresión que acabó con la vida de Rosa Elvira sacó a la luz la situación en la que viven cientos de mujeres en Colombia: cada minuto, 6 mujeres colombianas son víctimas de alguna forma de violencia. Colombia es el segundo país de Latinoamérica en donde más agresiones se producen, sólo detrás de México.

La violencia de género en Colombia se ha convertido en un problema de salud pública, según Naciones Unidas. Los datos, realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ponen cifras a la situación que muchas mujeres padecen en Colombia: en 2010 se produjeron 51.155 casos de violencia por parte de las parejas o exparejas. En 2011 la cifra se redujo hasta los 51.092. En 2013 la cifra de mujeres asesinadas ascendió a 1.424, frente a las 1.146 de 2012.

Evolución de la violencia. Observatorio de asuntos de género.

En cuanto a las violaciones, los datos son espeluznantes. En 2010 se contabilizaron 16.916 violaciones. En el 2011, se produjo un repunte de las agresiones sexuales a mujeres: 18.982 frente a los 3.615 en el caso de los hombres.

Las mujeres de entre 25 y 29 años son las que más agresiones acumulan, un 23%, según los datos presentados por el Observatorio de Asuntos de Género.  El segundo rango de edad más castigado es el de las edades comprendidas entre los 20 y 24 años, un 22%.  La violencia ejercida es muy variopinta: desde golpes con la mano, con objetos, patadas, estrangulaciones, e incluso amenazadas y ataques con armas.

El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas señala que las elevadas cifras se deben al desconocimiento de los mecanismos judiciales de las víctimas, el miedo de las mujeres a quedarse solas, a perderlo todo y a tener que empezar de nuevo.

Vanesa es el nombre ficticio de una colombiana víctima de los maltratos. Tiene 47 años y está casada con un adinerado industrial de Bogotá, con el que ha tenido dos hijos. Las palizas y los insultos empezaron a venir al tiempo que aumentaba la adicción de su marido a la cocaína. Los años le han enseñado a tapar los moratones en el cuerpo y en su cara. Estuvo asistiendo a una psicóloga, pero abandonó la terapia porque le recomendó que iniciara los trámites de divorcio. No se ve iniciando una nueva vida con casi 50 años.  El estudio revela que un 36% de las mujeres encuestadas afirma que necesita de un hombre para poder realizarse, aún a costa de los maltratos. Pero hay otro motivo que explica las elevadas cifras de violencia: ni las leyes ni la justicia funcionan.

En 2008, el Congreso de la República aprobó la ley 1257 que perseguía un objetivo ambicioso: "La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización". Pero los datos expuestos revelan que la ley no ha funcionado. Emma López, activista por los derechos de la mujer en la región Caribe y representante en el Atlántico de la Red Nacional de Mujeres, comenta que muchas mujeres se enfrentan a otro problema: “paseo institucional”. Los trámites burocráticos, el desconocimiento de la ley y su aplicación y la falta de dinero provocan que las víctimas tengan que volver con vivir con su agresor.

Milagros denunció a su esposo por las agresiones que sufría. Cuando decidió acudir a la justicia, se topó con la barrera de la dejadez y la falta de mecanismos de actuación. Primero se presentó al Palacio de Justicia de su localidad. De allí la enviaron a la Defensoría del Pueblo. Como en el primer sitio, los funcionarios la remitieron a un tercer organismo, la Fiscalía. Pero ya no tenía dinero para coger un bus y tuvo que regresar a la casa de su agresor. Como la denuncia de Milagros, 9 de cada 10 quedan impunes en Colombia, según Naciones Unidas.

La Red Nacional de Mujeres publicó en diciembre el Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257. En este informe explica una serie de obstáculos que han llevado a que la violencia contra las mujeres, a pesar de estar penada, no se reduzca.

Los autores del informe lamentan que a la falta de conocimiento sobre la  ley, pero especialmente, a la falta de comprensión sobre su verdadero alcance. Los juzgados de control de garantías no conocen su facultad para ordenar medidas previstas en la ley cuando lo solicita la víctima o la Fiscalía. Las autoridades, a quienes van dirigidas las órdenes de protección, no  conocen las funciones que deben cumplir en desarrollo de la reglamentación de la ley.

En ocasiones, la solución que los funcionarios dan  a las víctimas es que vuelvan con su agresor: no han recibido la formación necesaria. Los autores del estudio inciden en que algunos tratamientos que se dan a las mujeres no corresponden con su realidad y que en ocasiones va contra la propia ley. Es el caso de las mujeres con hijos: la ley protege tanto a la madre y a los hijos, pero en ocasiones la justicia invisibiliza a las  mujeres, según el estudio.

La violación que produjo la muerte de Rosa Elvira Cely se ha convertido en símbolo de indignación popular. Su caso ha inspirado un nuevo proyecto que lleva su nombre y que tiene como objetivo reformular la aprobada en 2008. Su objetivo fundamental es que los femenicidios se incluyan en el Código Penal como delitos que puedan ser castigados con hasta con 50 años de cárcel. No obstante, el proyecto de ley no está siendo tramitado con urgencia que se merece. Mientras se retrasa, cientos de mujeres siguen siendo carne de cañón para sus agresores: desde enero a junio del año pasado, más de 500 mujeres fueron asesinadas y unas 15.000 sufrieron algún tipo de maltrato. Según Enma López, el 99% de los asesinatos podrían prevenirse.

Actitudes hacia el machismo en Colombia.

Un informe realizado por la Presidencia de Colombia y Naciones Unidas 'Toleración social e institucional sobre la violencia basada en género',  ponía de manifiesto unos niveles alarmantes de machismo en la sociedad colombiana. El estudio arrojaba las siguientes conclusiones:

El 46% de las/los jóvenes consideran que el papel más importante de la mujer es cuidar de su casa y cocinar para su familia. Este porcentaje es más alto en aquellos sectores de la sociedad con menos poder adquisitivo, hasta un 51% está de acuerdo con la premisa, y se reduce hasta el 6% en aquellas en donde el nivel de riqueza es elevado: sólo un 6% está a favor de esa afirmación.

“Cuando una mujer es violada, generalmente es porque ella se puso en esta situación”. El 18% de la población está de acuerdo, de los cuales un el 23% de los jóvenes tienen mayor acuerdo respecto a este imaginario.

“En un caso de violación, es necesario saber si la mujer era promiscua y si tenía una mala reputación.” Dos de cada diez personas dicen que sí es necesario (20%). Un 16% asegura que una violación a una prostituta no es una violación.

El 59% cree que mujeres vestidas de manera provocativa se exponen a que las violen. El 36% de los encuestados creen que la mujer debe obedecer en todo a su esposo, así no esté de acuerdo con sus decisiones. Uno de cada diez hombres considera que una mujer debe aguantar la violencia del marido para mantener unida a su familia, el 8% de los jóvenes. Una de cada diez personas justifica pegarle a una mujer cuando ha sido infiel.

La Policía ha advertido que “pese a la reducción en los números, los ataques se siguen presentando constantemente y de formas más escabrosas”. La Red Nacional De Mujeres en su estudio lanzaba una serie de recomendaciones. Una de ellas es la necesidad del aumento el número de mujeres que participan en la política colombiana. Según la asociación, en Colombia las mujeres representan el 51 por ciento de la población, pero sólo un 12% alcanzan los cargos de representación popular. Un porcentaje que se mantiene en las últimas elecciones de marzo a la Cámara y al Senado.

“La solución de la violencia de género y violencia contra las mujeres tiene su raíz en la cultura, eso significa, que tenemos que cambiar la cultura” según Miguel Lorente, delegado del Gobierno socialista para la violencia de género desde 2008 y profesor en la Universidad de Granada.  Pero también de importante es educar y fomentar desde la infancia valores como la igualdad y el respeto, en un país en donde hay aún reductos de una educación machista: “no llore, no sea niña”; “sea machito”; “compórtese como un varón”. El Instituto de Bienestar Familiar “sentenciaba que era necesaria una educación más afectuosa y más responsable con el trato hacia las mujeres”.

La violencia de género en el mundo, en cifras

La violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad, más que el cáncer y los accidentes de tránsito.

La Comisión de las Naciones Unidas señala que por lo menos una de cada tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida.

La violencia contra la mujer destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. Ellas son parte vital de nuestra sociedad.

A escala mundial, se estima que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, coaccionada para tener relaciones sexuales o ha sufrido otro tipo de abusos por algún hombre presente en su vida.

Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y de sus hijos.

La violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años en caso de no contar con ella.

2.5 millones de personas son captadas cada año en el mundo para fines de trata (OIT).

2 millones de niños explotados sexualmente en el mundo, según cifras de UNICEF.

120 mil mujeres y niños trasladados cada año a Europa Occidental para ser explotadas/os.

En Estados Unidos, 50 mil mujeres, niñas y niños son víctima de la trata de personas (CIA).

Se estima que en Japón hay unas mil 700 mujeres de Latinoamérica como esclavas sexuales (OEA).

ProQué?

15 muertes en Ceuta, cuchillas en la frontera... ¿Dónde están los Provida? ¿Y Rouco Varela? ¿Y la Conferencia Episcopal? ¿Cómo se atreven a decir que son LOS DEFENSORES DE LA VIDA cuando se callan a la hora de la verdad? ¿Acaso vale más la vida de los nonatos que la del que atraviesa la frontera a nado en busca de oportunidades? El derecho a la vida y la supuesta defensa que hacen de ella es lo menos. La única intención de esta secta religiosa es imponer su moral retrógrada sobre la sociedad a punta de crucifijo en los úteros. Fin de la cita.

El precio de la tierra prometida

De cuando en cuando los medios informan de los saltos de la valla de inmigrantes para entrar a España. Cayucos repletos de hombres y mujeres con bebés e incluso embarazadas en busca de oportunidades. Pero la situación es mucho más grave de que verdaderamente se publica en los grandes medios. España fue condenada en febrero del pasado año por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Según explicaron los activistas en la zona, la Guardia Civil, después de interceptar y requisar en 2007 una pequeña balsa con dos personas que viajaban en ella, lanzó al agua a una de ellas, Sonko, sin el chaleco salvavidas que tenía puesto. Murió ahogado.

El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha continuado con las relaciones bilaterales que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero con Marruecos, elogiaba en marzo la colaboración entre la policía marroquí y la española, que trabajan para frenar la amenaza del terrorismo yihadista y las mafias que se aprovechan del tráfico de seres humanos. Si bien es cierto que el terrorismo y las mafias –entre 2.000 y 4.000 euros es lo que cobran por introducir a cada inmigrante que decide arriesgar su vida- son gran problema, no es lo es menos la problemática actual: la limpieza de africanos en Marruecos mediante redadas y deportaciones masivas de africanos para evitar el salto masivo de las vallas situadas en la frontera española-marroquí.

La policía marroquí juega un papel clave en este engranaje. Ejecuta las órdenes del gobierno español. Es, según Helena Maleno, periodista y activista de Caminando Fronteras, quien hace el trabajo sucio. Sobre las autoridades marroquíes pesan diversos escándalos. El día 21 de octubre, se celebró un juicio contra ocho policías, cinco oficiales y tres inspectores por estar implicados en una red de tráfico ilegal de inmigrantes. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el colectivo Caminando Fronteras recogían las agresiones a los inmigrantes subsaharianos que viven en Tánger, entre las que se cuentan ataques a refugiados o a mujeres embarazadas. También aparece documentada una supuesta violación a una joven de 16 años. Tal y como explica la periodista y activista sobre la zona no hay una garantía efectiva de los derechos fundamentales de las personas, ni de los derechos humanos ni de los derechos de los refugiados.

A pesar de todo, los inmigrantes se juegan la vida para llegar a España. Una vía de acceso consiste en saltar la triple valla de 6 metros, que no son obstáculos para los cientos de inmigrantes que la intenta saltar, como los 200 inmigrantes que no lo consiguieron el 19 de octubre. Otra vía de acceso es cruzar a nado. A mediados de octubre un grupo de 100 inmigrantes fracasaron en su intento de llegar a Ceuta. El Diario recogía que la represión había dejado 22 heridos. Uno de ellos presentaba fractura en un brazo y tendones rotos. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital público marroquí. Este inmigrante corrió con más suerte que Sonko.

Son muchas las vidas las que se han ido quedando por el camino. Los inmigrantes que cruzan a nado llegan en condiciones pésimas: deshidratados, con síntomas de hipotermia. Muchos son interceptados y detenidos por la policía. Después pasan como máximo 72 horas en las dependencias policiales. Los que tienen un poco de suerte son puestos en libertad. Otros tantos, son enviados al Centro de Internamiento de Extranjería de Madrid o Murcia. El de Algeciras cerró después de una gran lucha de los activistas por las deficiencias en las instalaciones. El de Tarifa está saturado. Esto evidencia el flujo de personas que llegan a las costas españolas. Muchos de ellos salen de sus países huyendo de conflictos armados, las hambrunas en el Sahel, o las persecuciones policiales.

A pesar de todos los impedimentos, maltratos y violaciones de los derechos humanos para llegar hasta España, muchos continúan jugándose la vida. Si dan la vuelta, confiesan, están muertos, pero si siguen adelante, tienen un 50% de probabilidades de completar la aventura. Y otro 50% de morir.

Human Rights Watch critica al gobierno colombiano la amnistía a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad

El documento elaborado por Human Rights Watch "Informe Mundial 2014", la organización de derechos humanos critica que la ley Marco Jurídico para la Paz que ha aprobado el gobierno de Juan Manuel Santos favorece que las "atrocidades" cometidas por los guerrilleros, paramilites y militares queden impunes. La organización asegura que la ley "abre la puerta a la impunidad generalizada" puesto que el Congreso puede paralizar una investigación a quienes se identifiquen como máximos responsables de asesinatos, violaciones sexuales o desapariciones forzosas, crímenes tipificados de lesa humanidad. Además, la ley ofrece inmunidad jurídica a los "que hayan participado en la planificación, la ejecución y el encubrimiento".

En 2012, José Miguel Velasco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, envió una carta al Presidente de la República y al Presidente del Senado, Simón Gaviria en la que expresaba su preocupación por las implicaciones que tendría la ley. "Permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes". En el escrito, el dirigente sentenciaba que la reforma contravendría de "manera flagrante el derecho internacional, favorecería la impunidad generalizada de delitos aberrantes, y expondría a Colombia a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional"

La ley, conocida en Colombia como marco para la paz, fue aprobada en mayo de 2012. Debido a las críticas, tuvo que ser modificada. A pesar de su aprobación en el Congreso en junio de 2013, la Corte Constitucional la invalidó por vicios de procedimiento. El objetivo de los demandantes era eliminar la posibilidad de que los responsables de delitos de pertenencia y financiación a grupos armados pudieran participar en política. Tras con conocerse el fallo de los tribunales, el presidente Santos anunció que este año presentaría el proyecto al Congreso con una serie de enmiendas.

A pesar de las críticas, Juan Manuel Santos explicó que esta ley es un proyecto de conciliación, un gesto de voluntad para adelantar el proceso de paz que está desarrollándose en La Habana. Argüía también que los responsables de los crímenes serían juzgados como tal. No obstante, en una entrevista del mandatario ofrecida a El País sentenciaba que se imaginaba a los representantes de las FARC sentados en el Congreso.

El conflicto colombiano dura ya más de medio siglo y ha dejado 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas. Son datos que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha recabado. De todos los asesinatos, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 %, a los grupos armados no identificados se le atribuyó el 27,7 %, a las guerrillas el 16,8 %, a la fuerza pública el 10,1 %, a desconocidos el 6,5 % y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 %.

El informe también destaca que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo "graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados". Aún se suceden las persecuciones contra sindicalistas y periodistas, como el atentado contra Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana. En el informe destaca la presencia de Estados Unidos -uno de los principales actores internacionales en la política colombiana-, que aportó 479 millones de dólares que se destinaron a las fuerzas armadas y la Policía. Otro punto del documentos es el relativo a la violencia de género: un problema social que pocas veces sienta a los responsables ante la justicia.

La crisis económica expulsa a los inmigrantes hacia su país de origen

Los datos del paro indican que en España hay en torno a 6 millones de personas desempleadas, que supone que un 25% de la población en edad trabajar no encuentra trabajo. Pero si se comparan estas cifras con la población inmigrante, se observa que en éstos el desempleo es mucho mayor: un 36,53%, 16 puntos porcentuales más. Actualmente en España hay 5.118.112 de inmigrantes, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística de enero de este año. Teniendo en cuenta que un 80% está en edad de trabajar, se concluye que 1.495.717 de inmigrantes están desempleados. Una cantidad que varía según las zonas geográficas. En Cataluña, por ejemplo, la tasa de desempleo en la población inmigrantes es el doble que la de la población autóctona, un 40,6 frente a un 20,7%. Una situación que ha desembocado en que muchos tengan que volver a su país de origen, lo que ha contribuido a que la población en España se haya reducido por primera vez desde que se contabilizan los registros. 

En un informe presentado por el Banco Mundial titulado 'Perspectivas Económicas Mundiales', la institución explicaba la crisis económica estaba repercutiendo negativamente en los inmigrantes, puesto que muchos tenían que retornar hacia su país de origen. Los últimos datos presentados del INE en julio de este año constatan esta tesis. Respecto al 2011, en 2012 se produjo un descenso de 117.918 extranjeros residentes, un descenso del 2,3%. Una caída de la población extranjera que en los últimos años está siendo más notoria por la prolongación de la crisis. Las caídas más acentuadas se han producido dentro de la población rumana, con 25.848 inmigrantes menos al final de 2012. Notable es el descenso de los inmigrantes procedentes de Latinoamérica: 76.576 han regresado a sus hogares, es decir, un 65,33% del total. Ecuador, Bolivia y Colombia sobresalen por delante de Brasil, Argentina, Perú y República Dominicana. Este descenso coindice con el crecimiento económico de América Latina, en donde las inversiones no han parado de crecer desde que la crisis detuvo a Europa.

Consecuencia de este retorno, es la caída de los alumnos extranjeros en las aulas. En el curso 2012-2013 se registró una bajada de 26.000 estudiantes en las aulas españolas, de 781.000 a 751.000. El descenso se produjo en los ciclos de educación primaria y secundaria. No ha ayudado tampoco los recortes en educación, principalmente en aquellos fondos destinados a clases de refuerzo a estudiantes con un nivel educativo menos desarrollado.

Si la crisis es dura, lo es más para los extranjeros. Amparo González Ferrer, socióloga de la inmigración, detalla una serie de razones que da pie a esta afirmación, como lo es la debilidad redes sociales y familiares de apoyo, algo con lo que sí cuentan los desempleados autóctonos. Tampoco ayuda que su actividad laboral se concentrara en los sectores más castigados por la crisis, el de los servicios y la construcción, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, (SEPE). González Ferrer también apunta la fragilidad legal en la que se encuentran y, aunque siempre difícil de precisar, la discriminación. Tampoco está ayudando la política de exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular del gobierno de Rajoy. Una medida que ha sido tachada del “apartheid sanitario” por los propios profesionales médicos.

CIES: Guantánamos en España

Imagine que usted, lector, abandona a su familia porque tiene que marcharse de su país. La situación económica no es esperanzadora. La única alternativa es emigrar en busca de oportunidades. Se endeuda para comprar el pasaje, para realizar todos los trámites necesarios. La empresa en la que se va a embarcar requiere una suma  importante de dinero. Una vez en el país de acogida, se instala. A pesar de todas las dificultades encuentra trabajo y gracias a su salario puede enviarle a su familia una cantidad de dinero necesaria para vivir. Definitivamente, usted creerá que ha encontrado el paraíso. Un día menos pensado, es detenido por su color de piel y es privado de su libertad. Resulta que su residencia no está regularizada y ese es el motivo de su detención: que no tiene papeles en regla. Imagínese también que se le ha denegado el derecho a un abogado y un juicio justo. Y que después de pasar 2 meses encerrado, es expulsado del país, en el peor de los casos. Y con usted, sus sueños hechos pedazos.

CIE de Aluche

La situación que se le acaba de describir está ocurriendo en España. Los centros como CIES o Centros de Internamiento de Extranjeros son según ACNUR: “Confinamiento en un espacio estrechamente limitado […], incluyendo cárceles, campamentos cerrados, centros de detención, […], donde la libertad de movimiento es substancialmente recortada, y la única oportunidad para abandonar esta área limitada es saliendo del territorio”. Existen 8 centros en funcionamiento: Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Estos centros dependen del Cuerpo Nacional Policía. El único motivo de las detenciones es que los extranjeros no tienen el permiso de residencia. Según SOS Racismo Madrid, esta situación no está tipificada como delito, sino como falta administrativa de la Ley de Extranjería. El tiempo máximo de reclusión es de 60 días. Durante este tiempo, el gobierno tramita la expulsión los inmigrantes, aunque algunos son puestos en libertad.

Los inmigrantes llegan a los CIES porque la policía lleva a cabo redadas racistas en los barrios en donde la presencia de inmigrantes es notoria. Vestidos de paisano en muchas ocasiones, identifican a inmigrantes por el color de la piel, violando uno de los puntos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que “ninguna persona podrá discriminada por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otro status”. Naciones Unidas, en 2011, pedía al gobierno español acabara con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, motivo por el cual fue condenada en 2009 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

SOS racismo ha denunciado las condiciones de hacinamiento en los centros de internamiento. Según un informe de Pueblos Unidos, 3.060 personas fueron internadas en 2012. Los datos fueron extraídos a partir de visitas de quienes realizaron el estudio, puesto que ni el Ministerio del Interior ni la Policía publican cifras. Las condiciones de salubridad, según los propios internos, dejan mucho que desear. Las personas enfermas no tienen la asistencia médica garantizada porque en los centros no hay servicio de enfermería. Organizaciones como Médicos del Mundo, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o Pueblos Unidos denunciaron en 2012 la muerte de dos inmigrantes en los CIES de Madrid y Barcelona 

Expertos en derechos humanos comparan los CIES con Guantánamo. Las personas no tienen un juicio justo. Están privadas de su libertad sin haber cometido ningún delito. Dentro se suceden agresiones, violaciones, abortos, falta de asistencia jurídica. El impacto psicológico en muchos internos es grave. En los CIES hay personas violentas, agresivas con otras que apenas tienen antecedentes penales.

¡Que se CIErren!

La Policía colombiana tortura y asesina a manifestantes

Cuatro muertos por impacto de bala, 49 heridos y varios manifestantes con extremidades amputadas son las cifras que dejaron los enfrentamientos que desde el pasado día 11 tuvieron lugar entre los campesinos de la región del Catatumbo, al noreste de Colombia,  y la policía colombiana. Guillermo Quintero, uno de los líderes campesinos en declaraciones a Prensa Rural denunciaba el “hostigamiento que han venido sufriendo con fusiles, ametralladoras por parte de miembros del ejército”. Ponía de manifiesto que en la zona no tenían asistencia médica, ni apoyo para socorrer a los heridos. Lamentaba la “desigualdad de fuerzas” entre los manifestantes, cuyos únicos medios de protesta han sido las huelgas, las piedras, frente a las balas, las porras y gases lacrimógenos del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- y del ejército.

Los asesinatos y torturas han sido rechazados por la sociedad civil colombiana y por asociaciones de derechos humanos. La ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo exigía el cese de la violencia contra el pueblo y reclamaba el presidente Santos que no siguiera asesinando al campesinado del Catatumbo. Un pequeño grupo de 100 personas se concentró en Bogotá frente a la sede del Ministerio de Agricultura para pedir una solución dialogada al conflicto. El Movimiento Mundial de los Derechos Humanos -FIDH- ha condenado “el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes" y ha exigido "de manera inmediata el cese de la represión en la región del Catatumbo”.

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No obstante, el presidente colombiano expresaba que las acusaciones de represión hacia la policía denotaban la “torpeza” porque, según él, entre los manifestantes habían guerrilleros de las FARC infiltrados, postura que también ha defendido el expresidente, Álvaro Uribe. Sentenciaba que su gobierno no permitiría en ninguna parte de Colombia que el orden público y el derecho de la inmensa mayoría de los colombianos fuesen vulnerados por "unos pocos". La represión de los campesinos tiene lugar en un contexto en el que Colombia ultima los preparativos para entrar en la OTAN y en el que el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de visita la semana pasada en Madrid, prepara la aprobación en del fuero penal militar, que según Human Right Watch, debilita protección de los Derechos Humanos, ya que "la ley podría dar lugar a impunidad en casos de falsos positivos", asesinatos perpetrados por el ejército que el gobierno hacía pasar por bajas guerrilleras.

La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, negó las acusaciones de los guerrilleros infiltrados y explicó los motivos de sus reivindicaciones.

El primero es que el Gobierno no ha realizado ninguna propuesta económica para la región después de que éste anunciara la erradicación definitiva de los cultivos de cocaína. Esto ha causado la indignación en la comunidad campesina porque el cultivo de coca es la forma de subsistencia para muchos campesinos. 

El segundo, el Gobierno se niega a crear la Zona de Reserva Campesina para fortalecer la producción agrícola de la región y así manera mejorar la situación de los campesinos. Con su creación, se garantizaría la devolución de las tierras que los grupos violentos arrebataron a cientos de familias, tal y como se comprometió públicamente Juan Manuel Santos en 2010 (el conflicto armado en Colombia ha provocado que 3 millones de hectáreas hayan sido despojadas de sus propietarios, 500 veces Manhatan, según los cálculos el diario El Tiempo).

La tercera razón tiene que ver son los bastos yacimientos naturales, sobre los cuales el Gobierno ha planificado proyectos de minería y agroindustria. Según un informe elaborado por Yesid Navas Peñaranda, Rector de Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la región natural del Catatumbo cuenta con más de 300 millones de toneladas de carbón, lo que alcanzaría una explotación para los próximos 150 años. En 2012, se extrajeron 30 millones de barriles de petróleo. Peñaranda también destaca su gran riqueza hídrica. Entre otros recursos no renovables como la arcilla y fosfatos, cuenta con otros renovables, como el agua, la flora y fauna.

Hace ya 8 años, el periodista colombiano y hoy director Canal Capital, la televisión pública bogotana, Hollman Morris, denunciaba abandono que sufría el Catatumbo. ASCAMSAT explicaba la confrontación armada que ha vivido la región. "El Catatumbo ha sufrido desde 1999 la intensificación de la guerra debido a la llegada de diferentes estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que provocaron un desplazamiento de 50.000 habitantes originarios de la región. Un persistente conflicto con las FARC que no acabó a pesar de la desmovilización de los paramilitares o guerrillas anticomunistas puesto que al poco tiempo surgieron grupos paramilitares que sembraron el terror en la zona".

Si bien es cierto que las reclamaciones del campesinado no se ha resuelto, el copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, trasladaba a ASCAMCAT la disposición del gobierno de Santos iniciar el diálogo con los campesinos. Como muestra de buena voluntad, los campesinos aceptaban desbloquear la carretera que lleva a Ocaña, la segunda ciudad de Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. 

El incremento de la desigualdad se ha multiplicado por cinco respecto a la UE-15

El estudio llevado a cabo conjuntamente por Fundación FOESSA, Fomento de Estudios Sociales y de Sociología aplicada, y Cáritas, revela que desde 2007, fecha en que se inició la crisis financiera, las desigualdades se han ido acentuando: el incremento español duplica al crecimiento francés y triplica al alemán. Señala que el 21.8 de los hogares en España es pobre, 2.1% más desde 2007.

El informe publicado por FOESSA y Cáritas, Exclusión y Desarrollo Social, es apabullante. En tres años, la distancia entre la renta correspondiente al 20% más rico de la población y al 20% más pobre pasó del 5,3% en 2007 al 6,9% 2010. Así pues el incremento del coeficiente gini español duplicó al francés, triplicó al alemán y quintuplicó al de la media de la UE-15

También la pobreza es cada vez mayor. Aproximadamente, uno de cada cinco hogares españoles es pobre, un 21.8%. 7800€ fue el umbral de la pobreza en 2010 para una sola persona, frente a los 8000€ del año anterior. Este crecimiento se concentra en los hogares con padres de familia jóvenes y hogares con menores. En 2010 Extremadura era la región más pobre, 38.2%, frente a Navarra, cuyo índice rondaba el 7.2 %. Junto a la región extremeña, Canarias (31,1%), Andalucía (30,1%) y Murcia (29,2%) encabezan la lista. Por si fuera poco, en 2010 un tercio de la población declaraba que no era capaz de llegar a fin de mes.

Más pobreza, más desigualdad… Descendieron también la renta disponible por habitante en un 9%. La caída del consumo familiar ha sido del 8%. La sensación de falta de bienestar es mayor. Y es que el motor de la economía sigue en punto muerto. Inclusive en retroceso, ya que esta misma semana la FMI sentenciaba que la recesión se iba a prolongar aún más en el tiempo. La falta de empleo, unido con las políticas de austeridad, está provocando un claro retroceso social y económico de dos décadas y media.

El catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, afirma que el empobrecimiento y la desigualdad de la sociedad española se deben sobre todo a las políticas iniciadas por el anterior gobierno socialista y que el Partido Popular ha seguido. Esgrime varias razones. Una reforma laboral que, en boca del Ministro De Guindos, es muy agresiva, que facilita y abarata el despido. La regresividad fiscal que afecta a las clases menos pudientes (son las clases bajas y los autónomos quienes en proporción pagan más impuestos frente a los ricos). Destaca que la austeridad, únicamente para pagar la deuda de los bancos, agrava aún más la situación del ciudadano de a pie. Propone medidas de estímulo a la economía mediante el incremento del gasto público y de un sistema impositivo más progresivo, en aras a la creación de empleo, que, como apunta, es el principal problema que tiene ahora España.

Todo preparado para la recibir a los 10 secuestrados por las FARC

El movimiento guerrillero ha fijado en una zona próxima a Mapiripán, en Meta, región al sur de Colombia, la primera entrega de grupo de secuestrados que se hará a las 8 de la mañana, hora local. La operación, denominada Operación Regreso a la Libertad, supondrá el fin para 10 secuestrados que están cumpliendo una condena sin ser juzgados. El traslado de los rehenes a la capital se hará efectivo en helicópteros militares prestados por el gobierno brasileño. 

Si todo sale según lo planeado, los cuatro militares y seis policías, Luis Alfonso Beltrán, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo, Luis Alfredo Moreno, Carlos José Duarte, César Augusto Lasso, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas, serán liberados a las ocho de la mañana, hora local. Si bien el grupo armado no ha dado las coordenadas exactas, se sabe que la entrega se hará en Mapiripán, zona selvática al sur de Colombia.

Todo está listo. Las autoridades locales han suspendido el tráfico aéreo en la región. Los centros de salud están preparados para recibir a los ya liberados. Los helicópteros Cougar 523UE, prestados del gobierno brasileño, que ha vuelto a participar en las negociaciones de liberación de los secuestrados, recogerán a los liberados y los llevarán a la ciudad en donde pasarán un rápido reconocimiento médico. Hasta allí se han desplazado algunos familiares para dar una calurosa bienvenida a sus seres queridos tras lo años de cautiverio. No obstante, el grueso de familiares espera en Bogotá, a donde serán llevados desde Villavicencio. Será en la capital en donde se hará en chequeo más exhaustivo de su estado de salud. Posteriormente concederán una rueda de prensa únicamente si los doctores lo autorizan, según informa El Espectador.

Pero nadie está más preparado que los familiares. Esperanza y ansiedad. Así se puede definir el ánimo de los familiares que han estado separados de sus seres queridos durante trece años, militares y policías que han soportado una pena sin ser juzgados. Una cárcel propia de quienes han cometido los crímenes más horribles de la historia: atados de pies y manos con cadenas y alambres con púas. Una guerrilla que obligaba a los secuestrados a continuas caminatas extenuantes para evitar ser encontrados por las autoridades colombianas. Un sufrimiento que los familiares han padecido de cerca a pesar de la distancia evidente. Ahora, tras una larga y deseada espera, no ocultan su alegría y se encomiendan a las oraciones para que todo salga bien. La Delegación Humanitaria destinada, encabezada por Piedad Córdoba, lanza un mensaje de tranquilidad a los familiares ¨todo va a salir bien¨.

Se debe reconocer el Estado palestino

Esa fue la máxima defendida por los ponentes que participaron en un congreso organizado por El País.

Tiene que ser un proceso recíproco entre palestinos y judíos: ambos tienen que reconocer la existencia del otro, sentenciaron los participantes del debate.

En el debate organizado por el País, los ponentes afirmaron que la decisión de Abbas de presentar un documento ante la ONU para declarar el Estado palestino había sido correcta. ¨Oportuno, urgente y necesario¨, así calificó el exministro de exteriores, Miguel Ángel Moratinos, la creación de dos Estados en Oriente Próximo. Pero esta creación debe estar supeditada a que tanto palestinos como judíos deben reconocer la existencia del otro.  

Que la máxima autoridad palestina haya decidido por cuenta propia presentar un documento ante Naciones Unidas refleja el cansancio del pueblo palestino, que se ha encontrado solo y sin apenas apoyos desde la declaración unilateral del Estado israelí en 1949. Todo lo contrario que Israel, el cual ¨no ha sufrido nunca una presión de la comunidad internacional para que cumpliera las resoluciones de la ONU¨, según Teresa Aranguren, consejera de RTVE, a pesar de construir en los territorios ocupados, que supone una violación de los tratados internacionales

Hasta ahora, ninguna de las negociaciones ha dado resultados porque Israel siempre ha adoptado una postura defensiva, debido a la ¨falta de diplomacia¨, declaró el exministro socialista. Aunque el propio Abbas afirma que su intención ¨no es asilar a Israel, sino vivir una vida en normal¨.

Mientras tanto, el presidente palestino continúa buscando apoyos de los países que conforman Naciones Unidas para que aprueben su propuesta, la cual será vetada por EEUU en el Consejo de Seguridad si sale adelante.