En los últimos años las protestas por la crisis económica han aumentado considerablemente. Escraches a los políticos, plazas abarrotadas de gente, manifestaciones multitudinarias, ocupación de bancos, desahucios parados, etc. Diversos actos de protesta social por la situación económica y que han sido un revulsivo para un empoderamiento popular que al gobierno le molesta. Según la organización internacional no gubernamental Human Right Watch, la Ley de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo frenar todo este tipo de expresiones sociales.
La organización argumenta que "España no debería crear un mal ejemplo limitando estas libertades fundamentales". La autora del texto, Judith Sunderland, explica que el gobierno de Mariano Rajoy quiere imponer multas de hasta 30.000 € por convocar manifestaciones frente a los parlamentos nacionales o autonómicos, por insultar a las instituciones, símbolos, o himnos de España. Y que las multas pueden llegar hasta los 600.000 €.
A pesar de las intenciones del gobierno de limitar los derechos y libertades fundamentales, "afortunadamente los tribunales han respaldado el derecho a reunirse pacíficamente" afirma la autora. Y cita dos ejemplos de esas garantías. "Un tribunal de Madrid desestimó una denuncia contra 18 personas por amenazas y acoso en un escrache frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría, aduciendo que no había habido amenaza al orden público o infracción contra su derecho a la privacidad. En julio, otro tribunal dictó sentencia argumentando que multar a una persona que participe en una manifestación espontánea y no violenta, violaba el derecho de reunión pacífica".
A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos establece que las manifestaciones públicas, las protestas pacíficas no autorizadas, molestas u ofensivas pueden ser perfectamente legítimas, el gobierno se ha ido saltando los derechos de reunión y manifestación. En un escrache realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra ante la sede del PP, se impusieron multas a cinco personas que participaron en el acto y que ascendieron hasta los 3.000 €. Los afectados por las preferentes no sólo han perdido su dinero. En torno a 15.000 € es la cantidad que acumulan los afectados en multas por las protestas.
En septiembre de 2013 se conocía que el Gobierno había recaudado 184.000 € por multas, sin contar con lo ingresado en Madrid, Castilla y León y Extremadura puesto que no aportaron datos. No obstante, el diario Público contaba que sólo en el primer aniversario del 15M, la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamaba multas a manifestantes que ascendían a 133.000 €, cantidades que superan a las impuestas a los causantes de la crisis. A pesar de las sanciones, la organización expresa que el Tribunal Constitucional español ha precisado "que puede tolerarse un cierto grado de disturbios porque en una sociedad democrática, el espacio público es un área no sólo de circulación, sino también de participación".
HRW hace un petición al gobierno: que garantice los derechos de los ciudadanos a expresar su desacuerdo sin tener que preocuparse por el dinero.
La organización argumenta que "España no debería crear un mal ejemplo limitando estas libertades fundamentales". La autora del texto, Judith Sunderland, explica que el gobierno de Mariano Rajoy quiere imponer multas de hasta 30.000 € por convocar manifestaciones frente a los parlamentos nacionales o autonómicos, por insultar a las instituciones, símbolos, o himnos de España. Y que las multas pueden llegar hasta los 600.000 €.
A pesar de las intenciones del gobierno de limitar los derechos y libertades fundamentales, "afortunadamente los tribunales han respaldado el derecho a reunirse pacíficamente" afirma la autora. Y cita dos ejemplos de esas garantías. "Un tribunal de Madrid desestimó una denuncia contra 18 personas por amenazas y acoso en un escrache frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría, aduciendo que no había habido amenaza al orden público o infracción contra su derecho a la privacidad. En julio, otro tribunal dictó sentencia argumentando que multar a una persona que participe en una manifestación espontánea y no violenta, violaba el derecho de reunión pacífica".
A pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos establece que las manifestaciones públicas, las protestas pacíficas no autorizadas, molestas u ofensivas pueden ser perfectamente legítimas, el gobierno se ha ido saltando los derechos de reunión y manifestación. En un escrache realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Navarra ante la sede del PP, se impusieron multas a cinco personas que participaron en el acto y que ascendieron hasta los 3.000 €. Los afectados por las preferentes no sólo han perdido su dinero. En torno a 15.000 € es la cantidad que acumulan los afectados en multas por las protestas.
En septiembre de 2013 se conocía que el Gobierno había recaudado 184.000 € por multas, sin contar con lo ingresado en Madrid, Castilla y León y Extremadura puesto que no aportaron datos. No obstante, el diario Público contaba que sólo en el primer aniversario del 15M, la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid reclamaba multas a manifestantes que ascendían a 133.000 €, cantidades que superan a las impuestas a los causantes de la crisis. A pesar de las sanciones, la organización expresa que el Tribunal Constitucional español ha precisado "que puede tolerarse un cierto grado de disturbios porque en una sociedad democrática, el espacio público es un área no sólo de circulación, sino también de participación".
HRW hace un petición al gobierno: que garantice los derechos de los ciudadanos a expresar su desacuerdo sin tener que preocuparse por el dinero.
