Sobre el proceso de paz en Colombia y la Ley de Amnistía de 1977 en España

Algunos bien sabrán que Fraga ocupó cartera de Ministro de Información y Turismo o la Consejería de Educación durante la dictadura franquista. Que estuvo involucrado en los sucesos de Vitoria, que se saldó con la muerte de 5 personas y 150 heridos. A pesar de todo, fue unos de los fundadores de Alianza Popular (hoy Partido Popular), y participó en la construcción del actual modelo democrático.

Su caso no es aislado. El propio Adolfo Suárez, Jefe del Movimiento, fue el principal artífice de la España que conocemos hoy. Parte de la historia y de la ciudadanía le ha reconocido su papel. No hay más que recordar las colas kilométricas que se formaron en su funeral en marzo del año pasado. Con sus similitudes y diferencias, aquel proceso, que para algunos fue una traición y que se saldó con la impunidad de asesinos, está a punto de repetirse 37 años después. Esta vez en Colombia.

Después de más de medio siglo de violencia, que se ha llevado por delante entre un 0.5 % y un 2 % del PIB según diversos estudios, la paz en Colombia está cada vez más cerca de sellarse desde que en septiembre de 2012 se iniciaran las negociaciones entre el Gobierno y las FARC. Todos los presidentes lo habían intentado, pero ninguno había llegado tan lejos como Juan Manuel Santos.

Una de las máximas repetidas por el líder del Partido de la U es el concepto de la justicia transicional: alcanzar el máximo de justicia que nos permita la paz. Hablando en plata, esto es que buena parte de los 200.000 asesinatos cometidos y de los 6 millones de desplazados por la guerra entre el estado y las guerrillas van a quedar impunes. Que los cabecillas de FARC no van a ser procesados por sus crímenes. ¿Qué guerrillero firmaría su propia condena, sea en una cárcel en Colombia o peor, en una de Estados Unidos?

Los principales culpables de más de 50 años de violencia, las cabecillas de las FARC, ya han dicho que no pasarán ni un día en la cárcel por sus delitos. Y que quieren participar en la política. El presidente Juan Manuel Santos, en una entrevista a El País hace un año, no les cerraba la puerta. Decía que veía a las FARC sentadas en el Congreso.

Aunque no he nacido en España, he estudiado y leído sobre la Transición. He criticado duramente la Ley de Amnistía del 1977, proceso que por el cual crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura quedaron sin resolver y que hoy la justicia argentina quiere saldar. A día de hoy comprendo en parte el proceso por el cual franquistas hicieron vida en la instituciones recién nacidas.

Con las negociaciones de paz tan avanzadas, ante esta oportunidad histórica de la paz que tres generaciones (mis abuelos, mis padres y yo) no hemos conocido, ¿cómo decir que no? ¿Cómo explicarles a las siguientes generaciones que la actual tuvo una oportunidad de lograrla pero que no la aceptó porque no quiso agachar la cabeza? ¿Tanto es el amor propio para anteponerlo al bien común de la paz? Personalmente, albergo la esperanza de que el nuevo el nuevo orden social postconflicto no se construya sobre las más de 114.000 personas que murieron durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Algo se está evitando, ya que las FARC han pedido perdón a las víctimas y el Gobierno las ha reconocido.

Y para acabar. A los demócratas nos quedará saber que respetamos y aceptamos las reglas de la democracia y de que si intentamos lograr nuestros objetivos políticos, lo hicimos mediante las papeletas, y no mediante las bombas, el derramamiento de sangre y el terror.

"He tenido que poner plata de mi bolsillo para alimentar a la gente sin hogar, pero es una inversión en mi felicidad"

Héroe desconocido que reparte comida entre personas sin hogar. Precioso. 

Violencia de género en Colombia: un problema de salud pública

La violencia de género se ha convertido en un problema de salud pública en Colombia, según los informes de Naciones Unidas. En el primer semestre del año pasado, más de 500 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y unas 15.000 sufrieron algún tipo de maltrato. El desconocimiento de los mecanismos judiciales  y miedo de las víctimas a tener que empezar una nueva vida y el desconocimiento de los funcionarios de justicia a la hora de aplicar la ley provocan que 9 de cada 10 casos de agresiones queden impunes.

Rosa Elvira Cely, madre de una niña de 12 años, fue víctima de una brutal agresión que conmovió Colombia. Fue agredida física y sexualmente la noche del 24 de mayo de 2012 por dos compañeros de clase. Los facultativos lograron llegar hasta ella después de que la propia Cely diera la voz de alarma al servicio de emergencias de Bogotá. Comentaron después que nunca antes habían visto nada como aquello. Rosa Elvira estaba tirada en el suelo, rodeada en un charco de sangre, desnuda de cintura para abajo y con cortes en las manos.  Fue intervenida de urgencia debido a la gravedad de su estado. Tenía el útero y la pelvis rotos. Sus agresores le introdujeron un palo por el ano. Los médicos se encontraron dentro del cuerpo  hojas y astillas. Después de permanecer varios días ingresada, falleció a causa de una hemorragia interna y de un traumatismo craneoencefálico debido a los golpes.

Los agresores continuaron con su vida normal. Pensaron que Rosa Elvira había muerto en aquel parque de la capital. Mientras estaban en clase, una profesora comentó al resto de los compañeros el estado de Rosa Elvira. Despavoridos, intentaron huir, pero la policía ya los tenia identificados. A pesar de que uno de los agresores fue condenado a 48 años de cárcel, la familia desconfía de un sistema judicial que no es eficiente ni contundente. Un sistema que no dispone de mecanismos de prevención, según la hermana de la fallecida Adriana Cely.

La agresión que acabó con la vida de Rosa Elvira sacó a la luz la situación en la que viven cientos de mujeres en Colombia: cada minuto, 6 mujeres colombianas son víctimas de alguna forma de violencia. Colombia es el segundo país de Latinoamérica en donde más agresiones se producen, sólo detrás de México.

La violencia de género en Colombia se ha convertido en un problema de salud pública, según Naciones Unidas. Los datos, realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ponen cifras a la situación que muchas mujeres padecen en Colombia: en 2010 se produjeron 51.155 casos de violencia por parte de las parejas o exparejas. En 2011 la cifra se redujo hasta los 51.092. En 2013 la cifra de mujeres asesinadas ascendió a 1.424, frente a las 1.146 de 2012.

Evolución de la violencia. Observatorio de asuntos de género.

En cuanto a las violaciones, los datos son espeluznantes. En 2010 se contabilizaron 16.916 violaciones. En el 2011, se produjo un repunte de las agresiones sexuales a mujeres: 18.982 frente a los 3.615 en el caso de los hombres.

Las mujeres de entre 25 y 29 años son las que más agresiones acumulan, un 23%, según los datos presentados por el Observatorio de Asuntos de Género.  El segundo rango de edad más castigado es el de las edades comprendidas entre los 20 y 24 años, un 22%.  La violencia ejercida es muy variopinta: desde golpes con la mano, con objetos, patadas, estrangulaciones, e incluso amenazadas y ataques con armas.

El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas señala que las elevadas cifras se deben al desconocimiento de los mecanismos judiciales de las víctimas, el miedo de las mujeres a quedarse solas, a perderlo todo y a tener que empezar de nuevo.

Vanesa es el nombre ficticio de una colombiana víctima de los maltratos. Tiene 47 años y está casada con un adinerado industrial de Bogotá, con el que ha tenido dos hijos. Las palizas y los insultos empezaron a venir al tiempo que aumentaba la adicción de su marido a la cocaína. Los años le han enseñado a tapar los moratones en el cuerpo y en su cara. Estuvo asistiendo a una psicóloga, pero abandonó la terapia porque le recomendó que iniciara los trámites de divorcio. No se ve iniciando una nueva vida con casi 50 años.  El estudio revela que un 36% de las mujeres encuestadas afirma que necesita de un hombre para poder realizarse, aún a costa de los maltratos. Pero hay otro motivo que explica las elevadas cifras de violencia: ni las leyes ni la justicia funcionan.

En 2008, el Congreso de la República aprobó la ley 1257 que perseguía un objetivo ambicioso: "La adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización". Pero los datos expuestos revelan que la ley no ha funcionado. Emma López, activista por los derechos de la mujer en la región Caribe y representante en el Atlántico de la Red Nacional de Mujeres, comenta que muchas mujeres se enfrentan a otro problema: “paseo institucional”. Los trámites burocráticos, el desconocimiento de la ley y su aplicación y la falta de dinero provocan que las víctimas tengan que volver con vivir con su agresor.

Milagros denunció a su esposo por las agresiones que sufría. Cuando decidió acudir a la justicia, se topó con la barrera de la dejadez y la falta de mecanismos de actuación. Primero se presentó al Palacio de Justicia de su localidad. De allí la enviaron a la Defensoría del Pueblo. Como en el primer sitio, los funcionarios la remitieron a un tercer organismo, la Fiscalía. Pero ya no tenía dinero para coger un bus y tuvo que regresar a la casa de su agresor. Como la denuncia de Milagros, 9 de cada 10 quedan impunes en Colombia, según Naciones Unidas.

La Red Nacional de Mujeres publicó en diciembre el Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257. En este informe explica una serie de obstáculos que han llevado a que la violencia contra las mujeres, a pesar de estar penada, no se reduzca.

Los autores del informe lamentan que a la falta de conocimiento sobre la  ley, pero especialmente, a la falta de comprensión sobre su verdadero alcance. Los juzgados de control de garantías no conocen su facultad para ordenar medidas previstas en la ley cuando lo solicita la víctima o la Fiscalía. Las autoridades, a quienes van dirigidas las órdenes de protección, no  conocen las funciones que deben cumplir en desarrollo de la reglamentación de la ley.

En ocasiones, la solución que los funcionarios dan  a las víctimas es que vuelvan con su agresor: no han recibido la formación necesaria. Los autores del estudio inciden en que algunos tratamientos que se dan a las mujeres no corresponden con su realidad y que en ocasiones va contra la propia ley. Es el caso de las mujeres con hijos: la ley protege tanto a la madre y a los hijos, pero en ocasiones la justicia invisibiliza a las  mujeres, según el estudio.

La violación que produjo la muerte de Rosa Elvira Cely se ha convertido en símbolo de indignación popular. Su caso ha inspirado un nuevo proyecto que lleva su nombre y que tiene como objetivo reformular la aprobada en 2008. Su objetivo fundamental es que los femenicidios se incluyan en el Código Penal como delitos que puedan ser castigados con hasta con 50 años de cárcel. No obstante, el proyecto de ley no está siendo tramitado con urgencia que se merece. Mientras se retrasa, cientos de mujeres siguen siendo carne de cañón para sus agresores: desde enero a junio del año pasado, más de 500 mujeres fueron asesinadas y unas 15.000 sufrieron algún tipo de maltrato. Según Enma López, el 99% de los asesinatos podrían prevenirse.

Actitudes hacia el machismo en Colombia.

Un informe realizado por la Presidencia de Colombia y Naciones Unidas 'Toleración social e institucional sobre la violencia basada en género',  ponía de manifiesto unos niveles alarmantes de machismo en la sociedad colombiana. El estudio arrojaba las siguientes conclusiones:

El 46% de las/los jóvenes consideran que el papel más importante de la mujer es cuidar de su casa y cocinar para su familia. Este porcentaje es más alto en aquellos sectores de la sociedad con menos poder adquisitivo, hasta un 51% está de acuerdo con la premisa, y se reduce hasta el 6% en aquellas en donde el nivel de riqueza es elevado: sólo un 6% está a favor de esa afirmación.

“Cuando una mujer es violada, generalmente es porque ella se puso en esta situación”. El 18% de la población está de acuerdo, de los cuales un el 23% de los jóvenes tienen mayor acuerdo respecto a este imaginario.

“En un caso de violación, es necesario saber si la mujer era promiscua y si tenía una mala reputación.” Dos de cada diez personas dicen que sí es necesario (20%). Un 16% asegura que una violación a una prostituta no es una violación.

El 59% cree que mujeres vestidas de manera provocativa se exponen a que las violen. El 36% de los encuestados creen que la mujer debe obedecer en todo a su esposo, así no esté de acuerdo con sus decisiones. Uno de cada diez hombres considera que una mujer debe aguantar la violencia del marido para mantener unida a su familia, el 8% de los jóvenes. Una de cada diez personas justifica pegarle a una mujer cuando ha sido infiel.

La Policía ha advertido que “pese a la reducción en los números, los ataques se siguen presentando constantemente y de formas más escabrosas”. La Red Nacional De Mujeres en su estudio lanzaba una serie de recomendaciones. Una de ellas es la necesidad del aumento el número de mujeres que participan en la política colombiana. Según la asociación, en Colombia las mujeres representan el 51 por ciento de la población, pero sólo un 12% alcanzan los cargos de representación popular. Un porcentaje que se mantiene en las últimas elecciones de marzo a la Cámara y al Senado.

“La solución de la violencia de género y violencia contra las mujeres tiene su raíz en la cultura, eso significa, que tenemos que cambiar la cultura” según Miguel Lorente, delegado del Gobierno socialista para la violencia de género desde 2008 y profesor en la Universidad de Granada.  Pero también de importante es educar y fomentar desde la infancia valores como la igualdad y el respeto, en un país en donde hay aún reductos de una educación machista: “no llore, no sea niña”; “sea machito”; “compórtese como un varón”. El Instituto de Bienestar Familiar “sentenciaba que era necesaria una educación más afectuosa y más responsable con el trato hacia las mujeres”.

La violencia de género en el mundo, en cifras

La violencia es la principal causa de muerte para mujeres entre 15 y 44 años de edad, más que el cáncer y los accidentes de tránsito.

La Comisión de las Naciones Unidas señala que por lo menos una de cada tres mujeres y niñas ha sido agredida física o abusada sexualmente en su vida.

La violencia contra la mujer destroza vidas, rompe comunidades y detiene el desarrollo. Ellas son parte vital de nuestra sociedad.

A escala mundial, se estima que al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, coaccionada para tener relaciones sexuales o ha sufrido otro tipo de abusos por algún hombre presente en su vida.

Los costos sociales y económicos de la violencia contra la mujer son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de ellas mismas y de sus hijos.

La violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que los niños que vienen de hogares violentos suelen tener escaso rendimiento escolar, en Latinoamérica, la edad promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar, contra 12 años en caso de no contar con ella.

2.5 millones de personas son captadas cada año en el mundo para fines de trata (OIT).

2 millones de niños explotados sexualmente en el mundo, según cifras de UNICEF.

120 mil mujeres y niños trasladados cada año a Europa Occidental para ser explotadas/os.

En Estados Unidos, 50 mil mujeres, niñas y niños son víctima de la trata de personas (CIA).

Se estima que en Japón hay unas mil 700 mujeres de Latinoamérica como esclavas sexuales (OEA).

Human Rights Watch critica al gobierno colombiano la amnistía a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad

El documento elaborado por Human Rights Watch "Informe Mundial 2014", la organización de derechos humanos critica que la ley Marco Jurídico para la Paz que ha aprobado el gobierno de Juan Manuel Santos favorece que las "atrocidades" cometidas por los guerrilleros, paramilites y militares queden impunes. La organización asegura que la ley "abre la puerta a la impunidad generalizada" puesto que el Congreso puede paralizar una investigación a quienes se identifiquen como máximos responsables de asesinatos, violaciones sexuales o desapariciones forzosas, crímenes tipificados de lesa humanidad. Además, la ley ofrece inmunidad jurídica a los "que hayan participado en la planificación, la ejecución y el encubrimiento".

En 2012, José Miguel Velasco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, envió una carta al Presidente de la República y al Presidente del Senado, Simón Gaviria en la que expresaba su preocupación por las implicaciones que tendría la ley. "Permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes". En el escrito, el dirigente sentenciaba que la reforma contravendría de "manera flagrante el derecho internacional, favorecería la impunidad generalizada de delitos aberrantes, y expondría a Colombia a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional"

La ley, conocida en Colombia como marco para la paz, fue aprobada en mayo de 2012. Debido a las críticas, tuvo que ser modificada. A pesar de su aprobación en el Congreso en junio de 2013, la Corte Constitucional la invalidó por vicios de procedimiento. El objetivo de los demandantes era eliminar la posibilidad de que los responsables de delitos de pertenencia y financiación a grupos armados pudieran participar en política. Tras con conocerse el fallo de los tribunales, el presidente Santos anunció que este año presentaría el proyecto al Congreso con una serie de enmiendas.

A pesar de las críticas, Juan Manuel Santos explicó que esta ley es un proyecto de conciliación, un gesto de voluntad para adelantar el proceso de paz que está desarrollándose en La Habana. Argüía también que los responsables de los crímenes serían juzgados como tal. No obstante, en una entrevista del mandatario ofrecida a El País sentenciaba que se imaginaba a los representantes de las FARC sentados en el Congreso.

El conflicto colombiano dura ya más de medio siglo y ha dejado 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas. Son datos que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha recabado. De todos los asesinatos, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 %, a los grupos armados no identificados se le atribuyó el 27,7 %, a las guerrillas el 16,8 %, a la fuerza pública el 10,1 %, a desconocidos el 6,5 % y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 %.

El informe también destaca que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo "graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados". Aún se suceden las persecuciones contra sindicalistas y periodistas, como el atentado contra Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana. En el informe destaca la presencia de Estados Unidos -uno de los principales actores internacionales en la política colombiana-, que aportó 479 millones de dólares que se destinaron a las fuerzas armadas y la Policía. Otro punto del documentos es el relativo a la violencia de género: un problema social que pocas veces sienta a los responsables ante la justicia.

La Policía colombiana tortura y asesina a manifestantes

Cuatro muertos por impacto de bala, 49 heridos y varios manifestantes con extremidades amputadas son las cifras que dejaron los enfrentamientos que desde el pasado día 11 tuvieron lugar entre los campesinos de la región del Catatumbo, al noreste de Colombia,  y la policía colombiana. Guillermo Quintero, uno de los líderes campesinos en declaraciones a Prensa Rural denunciaba el “hostigamiento que han venido sufriendo con fusiles, ametralladoras por parte de miembros del ejército”. Ponía de manifiesto que en la zona no tenían asistencia médica, ni apoyo para socorrer a los heridos. Lamentaba la “desigualdad de fuerzas” entre los manifestantes, cuyos únicos medios de protesta han sido las huelgas, las piedras, frente a las balas, las porras y gases lacrimógenos del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- y del ejército.

Los asesinatos y torturas han sido rechazados por la sociedad civil colombiana y por asociaciones de derechos humanos. La ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo exigía el cese de la violencia contra el pueblo y reclamaba el presidente Santos que no siguiera asesinando al campesinado del Catatumbo. Un pequeño grupo de 100 personas se concentró en Bogotá frente a la sede del Ministerio de Agricultura para pedir una solución dialogada al conflicto. El Movimiento Mundial de los Derechos Humanos -FIDH- ha condenado “el uso desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes" y ha exigido "de manera inmediata el cese de la represión en la región del Catatumbo”.

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No obstante, el presidente colombiano expresaba que las acusaciones de represión hacia la policía denotaban la “torpeza” porque, según él, entre los manifestantes habían guerrilleros de las FARC infiltrados, postura que también ha defendido el expresidente, Álvaro Uribe. Sentenciaba que su gobierno no permitiría en ninguna parte de Colombia que el orden público y el derecho de la inmensa mayoría de los colombianos fuesen vulnerados por "unos pocos". La represión de los campesinos tiene lugar en un contexto en el que Colombia ultima los preparativos para entrar en la OTAN y en el que el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de visita la semana pasada en Madrid, prepara la aprobación en del fuero penal militar, que según Human Right Watch, debilita protección de los Derechos Humanos, ya que "la ley podría dar lugar a impunidad en casos de falsos positivos", asesinatos perpetrados por el ejército que el gobierno hacía pasar por bajas guerrilleras.

La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, negó las acusaciones de los guerrilleros infiltrados y explicó los motivos de sus reivindicaciones.

El primero es que el Gobierno no ha realizado ninguna propuesta económica para la región después de que éste anunciara la erradicación definitiva de los cultivos de cocaína. Esto ha causado la indignación en la comunidad campesina porque el cultivo de coca es la forma de subsistencia para muchos campesinos. 

El segundo, el Gobierno se niega a crear la Zona de Reserva Campesina para fortalecer la producción agrícola de la región y así manera mejorar la situación de los campesinos. Con su creación, se garantizaría la devolución de las tierras que los grupos violentos arrebataron a cientos de familias, tal y como se comprometió públicamente Juan Manuel Santos en 2010 (el conflicto armado en Colombia ha provocado que 3 millones de hectáreas hayan sido despojadas de sus propietarios, 500 veces Manhatan, según los cálculos el diario El Tiempo).

La tercera razón tiene que ver son los bastos yacimientos naturales, sobre los cuales el Gobierno ha planificado proyectos de minería y agroindustria. Según un informe elaborado por Yesid Navas Peñaranda, Rector de Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la región natural del Catatumbo cuenta con más de 300 millones de toneladas de carbón, lo que alcanzaría una explotación para los próximos 150 años. En 2012, se extrajeron 30 millones de barriles de petróleo. Peñaranda también destaca su gran riqueza hídrica. Entre otros recursos no renovables como la arcilla y fosfatos, cuenta con otros renovables, como el agua, la flora y fauna.

Hace ya 8 años, el periodista colombiano y hoy director Canal Capital, la televisión pública bogotana, Hollman Morris, denunciaba abandono que sufría el Catatumbo. ASCAMSAT explicaba la confrontación armada que ha vivido la región. "El Catatumbo ha sufrido desde 1999 la intensificación de la guerra debido a la llegada de diferentes estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que provocaron un desplazamiento de 50.000 habitantes originarios de la región. Un persistente conflicto con las FARC que no acabó a pesar de la desmovilización de los paramilitares o guerrillas anticomunistas puesto que al poco tiempo surgieron grupos paramilitares que sembraron el terror en la zona".

Si bien es cierto que las reclamaciones del campesinado no se ha resuelto, el copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, trasladaba a ASCAMCAT la disposición del gobierno de Santos iniciar el diálogo con los campesinos. Como muestra de buena voluntad, los campesinos aceptaban desbloquear la carretera que lleva a Ocaña, la segunda ciudad de Norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. 

Todo preparado para la recibir a los 10 secuestrados por las FARC

El movimiento guerrillero ha fijado en una zona próxima a Mapiripán, en Meta, región al sur de Colombia, la primera entrega de grupo de secuestrados que se hará a las 8 de la mañana, hora local. La operación, denominada Operación Regreso a la Libertad, supondrá el fin para 10 secuestrados que están cumpliendo una condena sin ser juzgados. El traslado de los rehenes a la capital se hará efectivo en helicópteros militares prestados por el gobierno brasileño. 

Si todo sale según lo planeado, los cuatro militares y seis policías, Luis Alfonso Beltrán, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo, Luis Alfredo Moreno, Carlos José Duarte, César Augusto Lasso, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas, serán liberados a las ocho de la mañana, hora local. Si bien el grupo armado no ha dado las coordenadas exactas, se sabe que la entrega se hará en Mapiripán, zona selvática al sur de Colombia.

Todo está listo. Las autoridades locales han suspendido el tráfico aéreo en la región. Los centros de salud están preparados para recibir a los ya liberados. Los helicópteros Cougar 523UE, prestados del gobierno brasileño, que ha vuelto a participar en las negociaciones de liberación de los secuestrados, recogerán a los liberados y los llevarán a la ciudad en donde pasarán un rápido reconocimiento médico. Hasta allí se han desplazado algunos familiares para dar una calurosa bienvenida a sus seres queridos tras lo años de cautiverio. No obstante, el grueso de familiares espera en Bogotá, a donde serán llevados desde Villavicencio. Será en la capital en donde se hará en chequeo más exhaustivo de su estado de salud. Posteriormente concederán una rueda de prensa únicamente si los doctores lo autorizan, según informa El Espectador.

Pero nadie está más preparado que los familiares. Esperanza y ansiedad. Así se puede definir el ánimo de los familiares que han estado separados de sus seres queridos durante trece años, militares y policías que han soportado una pena sin ser juzgados. Una cárcel propia de quienes han cometido los crímenes más horribles de la historia: atados de pies y manos con cadenas y alambres con púas. Una guerrilla que obligaba a los secuestrados a continuas caminatas extenuantes para evitar ser encontrados por las autoridades colombianas. Un sufrimiento que los familiares han padecido de cerca a pesar de la distancia evidente. Ahora, tras una larga y deseada espera, no ocultan su alegría y se encomiendan a las oraciones para que todo salga bien. La Delegación Humanitaria destinada, encabezada por Piedad Córdoba, lanza un mensaje de tranquilidad a los familiares ¨todo va a salir bien¨.

¿POR QUÉ LOS COLOMBIANOS SOMOS POBRES? Video Completo