Los votantes del PP y CiU, los que peor valoración tienen de los inmigrantes

Hace algunas semanas encontré en Twitter una encuesta realizada por el CIS sobre las actitudes de los españoles hacia la inmigración agrupadas por partidos. He representado gráficamente aquellas que me parecieron relevantes.

 

Los dos gráficos vienen a comprobar la tesis difundida desde determinados espacios de la sociedad:  la población extranjera se aprovecha de los servicios públicos asistenciales. No voy a hacer mucho incapié porque hay una gran cantidad de literatura disponible acerca de estos falsos mitos. Sólo dos puntalizaciones.

En el caso de sanidad, totalmente falso: el presupuesto sanitario sale del IVA. Un tipo de impesto que no discrimina y que incluso es regresivo porque no tiene en cuenta el nivel de ingresos. Todos pagan lo mismo.

En cuanto al segundo gráfico, estudios revelan que los inmigrantes aportan(mos) hasta tres veces más de lo que recibimos. Incluso en plena crisis. Lo explicaban David Page Polo y María García Mayo, dos periodistas económicos de Expansión con los que he tenido el placer de compartir redacción (el primero ha abandonado la cabecera y ahora forma parte de Sabemos Digital).

En el siguiente gráfico, como en casi todos, la inmigración se percibe de peor manera en los sectores más conservadores.

Una consecuencia de la inmigración, desgraciadamente, es que su baja cualificación ha guardado para ellos trabajos con peores condiciones laborables, salarios más bajos. Ha servido como instrumento de precarización por parte de los empresarios en el afán de reducir costes para aumentar beneficios. Condiciones que agraban la pobreza en el colectivo inmigrante y que dificulta las posibilidades para desarrollarse como profesional y como persona.

El siguiente gráfico. El que más me chifla. Dos cuestiones. Por un lado: los españoles que están inmigrado, ¿también quitan los empleos alli dónde llegan? Por otro, si un inmigrante le quita el puesto de trabajo a un nacional, que tiene apoyos familiares, amigos, el problema no tiene el inmigrante. Sencillamente, el extranjero aúna una serie de competenias que lo convierten en un perfil más competitivo de cara al mundo laboral.

Holanda ha aprobado prohibir el velo integral en lugares públicos. Además, el uso de esta prenda podrá acarrear una multa de 405 euros. ¿Y si en España se llevara a cabo una medida similar? Una pista.

El precio de la tierra prometida

De cuando en cuando los medios informan de los saltos de la valla de inmigrantes para entrar a España. Cayucos repletos de hombres y mujeres con bebés e incluso embarazadas en busca de oportunidades. Pero la situación es mucho más grave de que verdaderamente se publica en los grandes medios. España fue condenada en febrero del pasado año por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Según explicaron los activistas en la zona, la Guardia Civil, después de interceptar y requisar en 2007 una pequeña balsa con dos personas que viajaban en ella, lanzó al agua a una de ellas, Sonko, sin el chaleco salvavidas que tenía puesto. Murió ahogado.

El Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha continuado con las relaciones bilaterales que mantuvo José Luis Rodríguez Zapatero con Marruecos, elogiaba en marzo la colaboración entre la policía marroquí y la española, que trabajan para frenar la amenaza del terrorismo yihadista y las mafias que se aprovechan del tráfico de seres humanos. Si bien es cierto que el terrorismo y las mafias –entre 2.000 y 4.000 euros es lo que cobran por introducir a cada inmigrante que decide arriesgar su vida- son gran problema, no es lo es menos la problemática actual: la limpieza de africanos en Marruecos mediante redadas y deportaciones masivas de africanos para evitar el salto masivo de las vallas situadas en la frontera española-marroquí.

La policía marroquí juega un papel clave en este engranaje. Ejecuta las órdenes del gobierno español. Es, según Helena Maleno, periodista y activista de Caminando Fronteras, quien hace el trabajo sucio. Sobre las autoridades marroquíes pesan diversos escándalos. El día 21 de octubre, se celebró un juicio contra ocho policías, cinco oficiales y tres inspectores por estar implicados en una red de tráfico ilegal de inmigrantes. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el colectivo Caminando Fronteras recogían las agresiones a los inmigrantes subsaharianos que viven en Tánger, entre las que se cuentan ataques a refugiados o a mujeres embarazadas. También aparece documentada una supuesta violación a una joven de 16 años. Tal y como explica la periodista y activista sobre la zona no hay una garantía efectiva de los derechos fundamentales de las personas, ni de los derechos humanos ni de los derechos de los refugiados.

A pesar de todo, los inmigrantes se juegan la vida para llegar a España. Una vía de acceso consiste en saltar la triple valla de 6 metros, que no son obstáculos para los cientos de inmigrantes que la intenta saltar, como los 200 inmigrantes que no lo consiguieron el 19 de octubre. Otra vía de acceso es cruzar a nado. A mediados de octubre un grupo de 100 inmigrantes fracasaron en su intento de llegar a Ceuta. El Diario recogía que la represión había dejado 22 heridos. Uno de ellos presentaba fractura en un brazo y tendones rotos. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un hospital público marroquí. Este inmigrante corrió con más suerte que Sonko.

Son muchas las vidas las que se han ido quedando por el camino. Los inmigrantes que cruzan a nado llegan en condiciones pésimas: deshidratados, con síntomas de hipotermia. Muchos son interceptados y detenidos por la policía. Después pasan como máximo 72 horas en las dependencias policiales. Los que tienen un poco de suerte son puestos en libertad. Otros tantos, son enviados al Centro de Internamiento de Extranjería de Madrid o Murcia. El de Algeciras cerró después de una gran lucha de los activistas por las deficiencias en las instalaciones. El de Tarifa está saturado. Esto evidencia el flujo de personas que llegan a las costas españolas. Muchos de ellos salen de sus países huyendo de conflictos armados, las hambrunas en el Sahel, o las persecuciones policiales.

A pesar de todos los impedimentos, maltratos y violaciones de los derechos humanos para llegar hasta España, muchos continúan jugándose la vida. Si dan la vuelta, confiesan, están muertos, pero si siguen adelante, tienen un 50% de probabilidades de completar la aventura. Y otro 50% de morir.

La crisis económica expulsa a los inmigrantes hacia su país de origen

Los datos del paro indican que en España hay en torno a 6 millones de personas desempleadas, que supone que un 25% de la población en edad trabajar no encuentra trabajo. Pero si se comparan estas cifras con la población inmigrante, se observa que en éstos el desempleo es mucho mayor: un 36,53%, 16 puntos porcentuales más. Actualmente en España hay 5.118.112 de inmigrantes, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística de enero de este año. Teniendo en cuenta que un 80% está en edad de trabajar, se concluye que 1.495.717 de inmigrantes están desempleados. Una cantidad que varía según las zonas geográficas. En Cataluña, por ejemplo, la tasa de desempleo en la población inmigrantes es el doble que la de la población autóctona, un 40,6 frente a un 20,7%. Una situación que ha desembocado en que muchos tengan que volver a su país de origen, lo que ha contribuido a que la población en España se haya reducido por primera vez desde que se contabilizan los registros. 

En un informe presentado por el Banco Mundial titulado 'Perspectivas Económicas Mundiales', la institución explicaba la crisis económica estaba repercutiendo negativamente en los inmigrantes, puesto que muchos tenían que retornar hacia su país de origen. Los últimos datos presentados del INE en julio de este año constatan esta tesis. Respecto al 2011, en 2012 se produjo un descenso de 117.918 extranjeros residentes, un descenso del 2,3%. Una caída de la población extranjera que en los últimos años está siendo más notoria por la prolongación de la crisis. Las caídas más acentuadas se han producido dentro de la población rumana, con 25.848 inmigrantes menos al final de 2012. Notable es el descenso de los inmigrantes procedentes de Latinoamérica: 76.576 han regresado a sus hogares, es decir, un 65,33% del total. Ecuador, Bolivia y Colombia sobresalen por delante de Brasil, Argentina, Perú y República Dominicana. Este descenso coindice con el crecimiento económico de América Latina, en donde las inversiones no han parado de crecer desde que la crisis detuvo a Europa.

Consecuencia de este retorno, es la caída de los alumnos extranjeros en las aulas. En el curso 2012-2013 se registró una bajada de 26.000 estudiantes en las aulas españolas, de 781.000 a 751.000. El descenso se produjo en los ciclos de educación primaria y secundaria. No ha ayudado tampoco los recortes en educación, principalmente en aquellos fondos destinados a clases de refuerzo a estudiantes con un nivel educativo menos desarrollado.

Si la crisis es dura, lo es más para los extranjeros. Amparo González Ferrer, socióloga de la inmigración, detalla una serie de razones que da pie a esta afirmación, como lo es la debilidad redes sociales y familiares de apoyo, algo con lo que sí cuentan los desempleados autóctonos. Tampoco ayuda que su actividad laboral se concentrara en los sectores más castigados por la crisis, el de los servicios y la construcción, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, (SEPE). González Ferrer también apunta la fragilidad legal en la que se encuentran y, aunque siempre difícil de precisar, la discriminación. Tampoco está ayudando la política de exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular del gobierno de Rajoy. Una medida que ha sido tachada del “apartheid sanitario” por los propios profesionales médicos.

CIES: Guantánamos en España

Imagine que usted, lector, abandona a su familia porque tiene que marcharse de su país. La situación económica no es esperanzadora. La única alternativa es emigrar en busca de oportunidades. Se endeuda para comprar el pasaje, para realizar todos los trámites necesarios. La empresa en la que se va a embarcar requiere una suma  importante de dinero. Una vez en el país de acogida, se instala. A pesar de todas las dificultades encuentra trabajo y gracias a su salario puede enviarle a su familia una cantidad de dinero necesaria para vivir. Definitivamente, usted creerá que ha encontrado el paraíso. Un día menos pensado, es detenido por su color de piel y es privado de su libertad. Resulta que su residencia no está regularizada y ese es el motivo de su detención: que no tiene papeles en regla. Imagínese también que se le ha denegado el derecho a un abogado y un juicio justo. Y que después de pasar 2 meses encerrado, es expulsado del país, en el peor de los casos. Y con usted, sus sueños hechos pedazos.

CIE de Aluche

La situación que se le acaba de describir está ocurriendo en España. Los centros como CIES o Centros de Internamiento de Extranjeros son según ACNUR: “Confinamiento en un espacio estrechamente limitado […], incluyendo cárceles, campamentos cerrados, centros de detención, […], donde la libertad de movimiento es substancialmente recortada, y la única oportunidad para abandonar esta área limitada es saliendo del territorio”. Existen 8 centros en funcionamiento: Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

Estos centros dependen del Cuerpo Nacional Policía. El único motivo de las detenciones es que los extranjeros no tienen el permiso de residencia. Según SOS Racismo Madrid, esta situación no está tipificada como delito, sino como falta administrativa de la Ley de Extranjería. El tiempo máximo de reclusión es de 60 días. Durante este tiempo, el gobierno tramita la expulsión los inmigrantes, aunque algunos son puestos en libertad.

Los inmigrantes llegan a los CIES porque la policía lleva a cabo redadas racistas en los barrios en donde la presencia de inmigrantes es notoria. Vestidos de paisano en muchas ocasiones, identifican a inmigrantes por el color de la piel, violando uno de los puntos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: que “ninguna persona podrá discriminada por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otro status”. Naciones Unidas, en 2011, pedía al gobierno español acabara con los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales, motivo por el cual fue condenada en 2009 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. 

SOS racismo ha denunciado las condiciones de hacinamiento en los centros de internamiento. Según un informe de Pueblos Unidos, 3.060 personas fueron internadas en 2012. Los datos fueron extraídos a partir de visitas de quienes realizaron el estudio, puesto que ni el Ministerio del Interior ni la Policía publican cifras. Las condiciones de salubridad, según los propios internos, dejan mucho que desear. Las personas enfermas no tienen la asistencia médica garantizada porque en los centros no hay servicio de enfermería. Organizaciones como Médicos del Mundo, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o Pueblos Unidos denunciaron en 2012 la muerte de dos inmigrantes en los CIES de Madrid y Barcelona 

Expertos en derechos humanos comparan los CIES con Guantánamo. Las personas no tienen un juicio justo. Están privadas de su libertad sin haber cometido ningún delito. Dentro se suceden agresiones, violaciones, abortos, falta de asistencia jurídica. El impacto psicológico en muchos internos es grave. En los CIES hay personas violentas, agresivas con otras que apenas tienen antecedentes penales.

¡Que se CIErren!