La estafa bancaria esta a punto de ser consumada. Después de las irresponsabilidades de los dirigentes del sector financiero y de su rescate parte de las instituciones públicas, que llevaron a la economía a una crisis tan profunda y tan grave que hay que remontarse hasta el crack del 29 para buscar antecedentes, sólo quedará un último eslabón: que las entidades vuelvan a recuperar su actividad económica para volver a privatizar beneficios. El círculo se habrá cerrado. Fin de la partida.
Rajoy y su equipo prometió en campaña electoral que no iba a dar un céntimo a los bancos; negó por activa y pasiva a pronunciar la palabra rescate. Medio año después de tomar posesión en la Presidencia del Gobierno, rompió con su promesa electoral y pidió el rescate.
El día que ministros de economía de los países miembros desbloquearon el crédito para la recapitalización de la banca española, Luis De Guindos compareció en rueda de prensa para explicar las condiciones de dichas ayudas sin la presencia de Rajoy, duramente criticado porque había decidido acudir a Polonia al primer partido de España en la Eurocopa. El Ministro de Economía intentó vender a la opinión pública que el programa de ayudas no era un rescate, sino "un crédito en condiciones muy favorables" para los bancos españoles. Incluso hubo quien lo llegó a denominar "rescate blando". Tu lo llamas tomate, yo lo llamo rescate, escribió Time. El ministro defendió que era necesario el "apoyo público" a las entidades financieras y explicaba que el Gobierno hacía "un acto de responsabilidad porque el mantenimiento de la solvencia en el sistema bancario es vital, ya que si no, no va a haber crecimiento y recuperación".
En su momento muchos expertos dudaron de la palabra de Rajoy de De Guindos. Y tuvo que pasar un año para que las sospechas se confirmaran. No enteramos en julio por la prensa, algo ya habitual en este gobierno, que aquel rescate sí contaría como deuda pública, que sí seríamos los ciudadanos los que tendríamos que pagar. Que los 52.000 millones del rescate facilitados por el Eurogrupo, el Gobierno ya daba por perdidos 36.000 millones. Una mala noticia que se conocía después de que del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB presentara resultados negativos en el ejercicio 2012. Las entidades, entre las que se encuentran Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Caja España Ceiss y Banco Mare Nostrum, no lograron recuperar su actividad económica a pesar de la gran inyección de capital.
Pero ¿cómo se llegó a que esta situación? Hay que recordar que las entidades bancarias durante la burbuja especulativa concedieron créditos por doquier. Fue una época en la que la banca española se beneficiaba por el crédito barato que llegaba desde Europa, especialmente desde Alemania. La subida de los tipos de intereses en Estados Unidos obligó a muchas familias a dejar de cumplir con sus obligaciones. Las aseguradoras, que cubrían el riesgo ante impago, fueron las que primero cayeron. Rápidamente los temores llegaron a la banca europea.
Con todo, la situación se agravó aún más, la economía mundial se detuvo y la producción se estancó. En vez de exigir responsabilidades a las entidades financieras, como era de suponer, a los expertos se les ocurrió que la mejor solución era rescatar con dinero público a los causantes de la situación. Dijeron que así el crédito fluiría de nuevo y por tanto la economía se reactivaría. Un golpe de estado de los mercados ya que ningún gobierno consultó a la ciudadanía qué hacer con el dinero de sus impuestos. Hoy, la economía sigue estancada y las exportaciones son insuficientes. El paro no baja, las rentas de trabajo desciendes frente a las del capital, las desigualdades no dejan de aumentar...
Para justificar tremendo desfalco de las arcas públicas y los recortes que se estaban acometiendo, los gobernantes se afanaron en acusar a los ciudadanos de ser los causantes del elevado gasto y, por ende, de la deuda y del déficit. Pero el tiempo y los datos han demostrado la falsedad da las acusaciones.
Economistas críticos, alejados del establisment financiero, señalaron desde un comienzo que las recapitalizaciones iban encaminadas únicamente a el desmantelamiento del Estado de Bienestar mediante las políticas neoliberales del PP y PSOE. Y razón no les faltaba
Hace un par de semanas Emilio Botín afirmaba eufóricamente que a España estaba llegando dinero por todos los lados. Que los inversores internacionales tenían muy buena de imagen de España. Un esperanzador resultado sólo para la economía financiera, muy alejada de la real, en la que el paro no baja del 25%, en la que los recortes en sanidad y educación continúan; en donde el aumento de la pobreza y la desprotección excluye a cientos de personas en lo que se supone un Estado de Bienestar, tan tocado que según los expertos tendrán que pasar años para recuperar el tono que tenía antes de la crisis. El optimismo que confiesa Botín no devolverá el dinero entregado libremente a los bancos. Porque ni José Luis Rodriguez Zapatero ni Mariano Rajoy impusieron unas garantías de devolución, como sí lo hizo el gobierno holandés con ING, el cual está devolviendo por tramos las inyecciones de capital. O como lo hiciera Suecia en los años 90, cuando tuvo que intervenir la banca privada con capital público.
La banca recuperará su actividad, pero ¿recuperamos nosotros lo que nos han quitado? ¿Recuperarán las casas las cientos de personas desahuciadas? ¿Quién pagará el sufrimiento aquellas personas que lo han perdido todo? La estafa bancaria está a punto de ser consumada y sus beneficios volverán a privatizarse.
