Human Rights Watch critica al gobierno colombiano la amnistía a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad

El documento elaborado por Human Rights Watch "Informe Mundial 2014", la organización de derechos humanos critica que la ley Marco Jurídico para la Paz que ha aprobado el gobierno de Juan Manuel Santos favorece que las "atrocidades" cometidas por los guerrilleros, paramilites y militares queden impunes. La organización asegura que la ley "abre la puerta a la impunidad generalizada" puesto que el Congreso puede paralizar una investigación a quienes se identifiquen como máximos responsables de asesinatos, violaciones sexuales o desapariciones forzosas, crímenes tipificados de lesa humanidad. Además, la ley ofrece inmunidad jurídica a los "que hayan participado en la planificación, la ejecución y el encubrimiento".

En 2012, José Miguel Velasco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, envió una carta al Presidente de la República y al Presidente del Senado, Simón Gaviria en la que expresaba su preocupación por las implicaciones que tendría la ley. "Permitiría que queden impunes violaciones de derechos humanos aberrantes". En el escrito, el dirigente sentenciaba que la reforma contravendría de "manera flagrante el derecho internacional, favorecería la impunidad generalizada de delitos aberrantes, y expondría a Colombia a una investigación por parte de la Corte Penal Internacional"

La ley, conocida en Colombia como marco para la paz, fue aprobada en mayo de 2012. Debido a las críticas, tuvo que ser modificada. A pesar de su aprobación en el Congreso en junio de 2013, la Corte Constitucional la invalidó por vicios de procedimiento. El objetivo de los demandantes era eliminar la posibilidad de que los responsables de delitos de pertenencia y financiación a grupos armados pudieran participar en política. Tras con conocerse el fallo de los tribunales, el presidente Santos anunció que este año presentaría el proyecto al Congreso con una serie de enmiendas.

A pesar de las críticas, Juan Manuel Santos explicó que esta ley es un proyecto de conciliación, un gesto de voluntad para adelantar el proceso de paz que está desarrollándose en La Habana. Argüía también que los responsables de los crímenes serían juzgados como tal. No obstante, en una entrevista del mandatario ofrecida a El País sentenciaba que se imaginaba a los representantes de las FARC sentados en el Congreso.

El conflicto colombiano dura ya más de medio siglo y ha dejado 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas. Son datos que el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha recabado. De todos los asesinatos, 177.307 fueron perpetrados contra la población civil y unas 40.787 víctimas mortales corresponden a las partes combatientes. De los 16.340 asesinatos selectivos registrados por el CNMH entre 1981 y 2012, los paramilitares fueron responsables del 38,4 %, a los grupos armados no identificados se le atribuyó el 27,7 %, a las guerrillas el 16,8 %, a la fuerza pública el 10,1 %, a desconocidos el 6,5 % y a la alianza entre la ultraderecha armada y a los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4 %.

El informe también destaca que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo "graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados". Aún se suceden las persecuciones contra sindicalistas y periodistas, como el atentado contra Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana. En el informe destaca la presencia de Estados Unidos -uno de los principales actores internacionales en la política colombiana-, que aportó 479 millones de dólares que se destinaron a las fuerzas armadas y la Policía. Otro punto del documentos es el relativo a la violencia de género: un problema social que pocas veces sienta a los responsables ante la justicia.