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viernes, 14 de febrero de 2014

Se abre el debate sobre el futuro de la Monarquía

El día 8 de febrero la infanta Cristina declaró ante el juez José Castro por los presuntos delitos fraude fiscal y blanqueo de dinero. En una declaración que duró más de 7 horas defendió su inocencia y aseguró que confió en la gestión de su marido al frente de la empresa Aizoon, de la que es propietaria de un 50% y sobre la que pesan delitos de desviación de fondos públicos. Dos años le ha costado al juez Castro sentar a un miembro de la Familia Real (séptima en la línea de sucesión). La histórica declaración de la hija del rey es otro escándalo más en el haber de la Monarquía, que ha reavivado el debate sobre la continuidad de la institución. 

En 2012, el rey Juan Carlos I tuvo que ser intervenido de urgencia tras fracturarse la cadera mientras cazaba elefantes en Botsauna. Debido a la gravedad de la situación, el monarca tuvo que ser trasladado a España para someterse a una intervención quirúrgica cadera. Los dos medios principales se hicieron eco del accidente y publicaron la foto del rey delante de un elefante muerto y con un rifle en la mano. Las críticas llovieron a raudales. Era incomprensible que el máximo representante del Estado se gastara más de 30.000€ en un safari cuando a la ciudadanía se le exigía recortes. Esto hecho le valió el cargo que presidía en la asociación World Wildlife Fund después de que se conocieran las aficiones del rey a las cacerías.

Manifestación Jaque al Rey de septiembre en Madrid. Disopress
Amante de las cacerías y de las armas. En 2007, el monarca mandó a construir un pabellón de caza que costó a los ciudadanos 2 millones de euros. El recinto cuenta con una cámara acorazada en donde se guardan las joyas más valiosas: los rifles del rey. Según Público, el monarca compró un rifle a John Bolliger, creador de armas personalizadas y de piezas de coleccionista muy codiciadas por todos los cazadores del mundo, cuyos precios pueden alcanzar los 20.000 euros. Además, al rifle se le añadieron incrustaciones de oro de 24 kilates, platino y una mira telescópica fabricada por la casa Swarovski. Tiene inscrito el escudo de España y el Sello Real de la Casa Española. A pesar de la pasión por las armas, estas tienen un pasado oscuro en la vida del rey

Según contaron las versiones oficiales, en la Semana Santa del 29 de marzo de 1956 el príncipe Alfonso estaba jugando con su hermano Juan Carlos a disparar a una diana. Los juegos acabaron en tragedia: cuando Alfonso estaba limpiando el arma, esta se disparó y la bala le impactó en la frente. Esta versión, difundida por los medios de comunicación y por Franco, fue una tapadera para mantener la reputación del que iba a ser el sucesor del dictador. Según ha desvelado el historiador Paul Preston, fue Juan Carlos quien asesinó a su hermano.

Este hecho y otros tantos aparecen recogidos en el documental elaborado por Canal+ Francia "El ocaso de un rey". Un análisis crítico sobre la monarquía y sus escándalos. Un reportaje de investigación de 54 minutos en el que se dice del rey lo siguiente:"Matar elefantes es un hobby algo extraño para el Rey de un país en bancarrota". En España, debido a las presiones, apenas se ha emitido, salvo en el País Vasco. Tuvo una audiencia del 13% del share.

Las mismas presiones las ha padecido el libro ''Adiós, Princesa'' de David Rocasolano, primo de la princesa Leticia. Según denuncia el autor, el libro no se vende debido a las presiones de la Casa Real sobre los grandes vendedores de libros: La Casa del Libro, propiedad de Planeta, y de El Corte Inglés. En él cuenta los cambios de personalidad de la princesa, los acontecimientos que su familia ha vivido desde el matrimonio con el Príncipe Felipe o el aborto de la Princesa.

La monarquía no es ajena al descrédito que padecen todas las instituciones. Desde octubre de 2011 el Centro de Investigaciones Sociológicas no pregunta a los ciudadanos por la Casa Real. Por aquellas fechas la institución suspendió por primera vez en la encuesta de valoración ciudadana. Hoy, aunque sólo sean estimaciones, la nota previsiblemente más baja después de la imputación de la infanta y de la publicación de las relaciones personales del rey con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Estos escándalos están favoreciendo el incremento de expresiones en favor de la República que, junto los continuos abucheos en actos públicos a los que acude la Familia Real, dejan en una situación complicada el devenir de la Monarquía de los Borbones. 

miércoles, 21 de noviembre de 2012

El abogado de Urdangarín considera exagerada la fianza de 8 millones


El abogado de Iñaki Urdangarín considera que la fianza establecida por anticorrupción, de 8 millones de euros a pagar entre su socio y el yerno del Rey, es exagerada. La medida debe ser aprobada ya que aún no tiene el visto bueno del juez que instruye el caso, José Castro.

El abogado del Duque del Palma, Mario Pascual Vives, ha calificado de exagerada la fianza interpuesta por la fiscalía anticorrupción, de 8.189.448 euros a pagar entre el Duque y su socio, Diego Torres. No obstante, el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aún no tiene el visto bueno del juez que instruye el caso, José Castro

No se descarta que para hacer frente a la fianza Urdangarín tenga que embargar sus propiedades (su esposa y él poseen un patrimonio de 11 millones de euros), entre las que hay que incluir una mansión en Barcelona, que adquirió por 8 millones de euros, tres pisos comprados en 2008, una vivienda en Terrassa, a nombre de su promotora Aizoo y una inversión de 1,8 millones, entre otros activos, en la inmobiliaria Mixta África, controlada por el príncipe Alwaleed Bin Talal, según desvela el diario además de dos garajes y un trastero. 

Hay que recordar que al Duque de Palma se le acusan cuatro delitos por los que podría ser condenado hasta 16 años de cárcel:
 
-Por el delito de malversación de caudales públicos: de 4 a 8 años de cárcel
-Por el delito de prevaricación: inhabilitación para ostentar cualquier cargo público
-Por el delito de fraude: de 1 a 5 años de prisión
-Por el delito de falsedad documental: de 1 a 3 años de prisión
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